El Senado da el aprobado definitivo a la 'ley Celaá'

Las posiciones políticas fueron una repetición de la radicalidad y vehemencia de los debates en el Congreso, con el bloque conservador acusando al Ejecutivo de eliminar el castellano en Cataluña y de arrinconar a la escuela concertada, y con el PSOE diciendo que todos los argumentos de la derecha son «bulos y mentiras», hasta el punto de que su portavoz indicó que PP significa ahora «Partido Pinocho».

El esprint que el Gobierno emprendió en septiembre para lograr que la Lomloe entrase en vigor cuanto antes, para derogar la Lomce del PP, ha vivido su capítulo más llamativo en el Senado, donde la reforma se ha tramitado y finalizado en un tiempo récord, en menos de un mes.

La Cámara alta tenía de plazo hasta finales de febrero para debatir el proyecto de ley, pero PSOE y Unidas Podemos, con la ayuda determinante de ERC y PNV, con quienes suma mayoría absoluta, ha rechazado hasta la última de las 647 enmiendas presentadas por el resto de grupos, con lo que el texto fue aprobado sin cambiar ni una coma del respaldado el 19 de noviembre por el Congreso. Ahorra dos meses de tramitación y, al no aceptar enmiendas, evita que el aprobado final lo tenga que dar el Congreso en marzo. La estrategia recibió duras críticas hoy en el pleno del resto de grupos, incluidos varios del bloque del 'sí', porque consideran que han ninguneado y «despreciado» la labor del Senado como cámara de segunda lectura de las leyes.

La tormenta política en torno a la norma, no obstante, continuará. El bloque del 'no' ha prometido impugnarla ante el Tribunal Constitucional y derogarla en cuanto cuenten con mayoría para ello -«nace muerta», afirman-. Y la revuelta naranja de la concertada no va a parar. Pero ni una cosa -el recurso del Constitucional no se resolverá en años- ni la otra podrán impedir que la ley comience a desplegar sus primeros efectos en muy pocas semanas.

Aunque los cambios con los que la Lomloe derogará la Lomce del PP se aplicarán de forma escalonada en los tres próximos cursos, solo 20 días después de su inminente publicación en el BOE la ley entrará en vigor y muchas de sus disposiciones serán ya directamente aplicables.

La nueva ley contiene una batería de medidas para convertir la repetición de curso en algo «excepcional» y para aumentar los porcentajes de alumnos que logran un título y proseguir estudios, tanto en la educación obligatoria (ESO) como en la secundaria superior (Bachillerato y FP).

Las evaluaciones en Primaria se harán cada dos años y no cada curso; solo se podrá repetir dos veces en toda la educación obligatoria -hasta ahora eran una en Primaria y dos en ESO-; abre la puerta a promocionar en ESO sin un límite concreto de suspensos siempre que lo acuerde el equipo docente; será obligado que el repetidor tenga un plan de refuerzo personalizado; y el Bachillerato podrá cursarse en tres años.

Se liquidan las reválidas, termina con los itinerarios que la Lomce fijaba en la ESO (por lo que habrá un título único para todos los que superen cuarto o la FP Básica válido para seguir en el instituto o en FP); el Bachillerato se podrá lograr con un suspenso; y habrá mayor facilidad de acceso a la FP media.

La red pública se convertirá en el eje de la educación, en detrimento de la concertada. Se elimina la «demanda social» de la Lomce, que permitía a la concertada aumentar plazas y centros a petición de los padres; no se cederán terrenos públicos para colegios privados; se potenciará la creación de plazas públicas; se controlará la exigencia de cuotas obligatorias; en el proceso de admisión se terminará con el distrito único y se primara la cercanía, la renta y la presencia de hermanos en el centro; se pretende evitar la segregación con el reparto equilibrado de alumnos con necesidades de apoyo educativo -discapacitados, vulnerabilidad económica o extranjeros-; y se prohibirá el concierto con centros que separen por sexo.

La norma elimina el calificativo del castellano como lengua «vehicular» de la enseñanza en todo el país; permite a las autonomías fijar entre el 50% y el 60% del currículo; deja a la Religión sin valor académico y sin asignatura alternativa; tanto en Primaria como en ESO habrá un curso en el que se impartirá una nueva materia, Educación en Valores Cívicos y Éticos; la Historia de la Filosofía volverá a ser obligatoria en segundo de Bachiller; el Gobierno y las autonomías fijarán por ley los criterios y requisitos para el funcionamiento de la educación de 0 a 3 años; se aligerarán los currículos y se modernizarán los métodos de aprendizaje; se diseñará junto a las autonomías un plan para que en una década la mayoría de alumnos con discapacidad estén en centros ordinarios; se da más poder a padres, alumnos y profesores para la designación del director y la gestión del centro; y se fija el compromiso de que en el plazo de un año se elaborará un conjunto de normas para cambiar la formación inicial y permanente del profesorado, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente, entre otras múltiples medidas.