Los futuros maestros tendrán que hacer unas prácticas tuteladas durante un año

La ministra ha defendido que la nueva norma supondrá un «cambio trascendental» para el sistema educativo basado en la excelencia y la equidad. Además, ha recordado que el texto incluye por primera vez el enfoque de derechos de la infancia como principio rector del sistema, el enfoque de igualdad de género, fomentando así su aprendizaje, y la educación para el desarrollo sostenible. De igual modo, el anteproyecto de ley apuesta por la modernización del currículo dejando a un lado los contenidos enciclopédicos y memorísticos. «Vamos a reforzar, a través de la nueva ley, el enfoque competencial y a concretarlo en los futuros reales decretos de enseñanzas mínimas de las distintas etapas. Eliminaremos los contenidos que añadió la LOMCE, que sobrecargan innecesariamente el currículo, e introduciremos nuevos saberes fundamentales que no están presentes en el actual», ha explicado. Esto se llevará a cabo en coordinación con las comunidades autónomas a través de un Instituto de Desarrollo Curricular para la revisión permanente de los currículos.

La digitalización es otro de los ejes principales de la ley. Se trata de una iniciativa transversal que implica una nueva forma de construir conocimiento y gestionar la información, y que transforma también la economía y el empleo. Para desarrollar esta estrategia, el MEFP ha elaborado el Plan de digitalización y desarrollo de la competencia digital en Educación y Formación Profesional. Un año para reformar la profesión docente Uno de los principales objetivos, tal y como recoge el anteproyecto de Ley, es «presentar, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente», tal y como ha recordado la ministra.

Entre los cambios que se pretenden llevar a cabo está la introducción de una fase de incorporación progresiva a la profesión, que consistirá en un año de prácticas tuteladas. El MEFP también abrirá un debate para la actualización del marco de la formación continua y la evaluación del desempeño docente y trabajará para conseguir un futuro Estatuto del Personal Docente. «Es preciso llevar a cabo una actualización del nuevo perfil de competencias y especialidades docentes que se requieren para el siglo XXI, a partir de los cuales hay que articular el resto de las transformaciones», ha subrayado Celaá, que ha recordado que los docentes son la piedra angular del sistema educativo y los que más han sufrido las consecuencias derivadas de la crisis.

Esta actualización se ha iniciado ya con la revisión de los grados de Educación Infantil y Primaria y del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, que se está realizando en colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Decanos de Educación.

La ministra también ha anunciado la elaboración de un proyecto de ley de Formación Profesional que articulará por primera vez los dos sistemas de FP, la Formación Profesional del sistema educativo y la Formación Profesional para el empleo. «Necesitamos acometer una profunda transformación del modelo de Formación Profesional que unifique esta formación en un único sistema coherente e integrado», ha destacado Celaá. Ha defendido la necesidad de llegar a un amplio acuerdo de modernización del sistema en el marco del I Plan Estratégico de FP 2019-2022, aprobado hace unos meses por el Gobierno, para adaptarlo a las necesidades de la nueva economía.

Esta estrategia iniciada hace más de un año por el Ejecutivo, busca diseñar una oferta única y flexible, así como garantizar el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas durante la experiencia laboral. Para llevar a cabo esa tarea, la ministra considera imprescindible la participación del sector empresarial y de los interlocutores sociales, así como de entidades y organismos del tercer sector. «En el marco de esa colaboración, abordaremos la regulación básica de la FP Dual que permita, dentro de las diferencias de tejido productivo y estructura económica, dotarla de cierta homogeneidad regulando aspectos básicos», ha anunciado.

Durante su comparecencia, Isabel Celaá ha confirmado que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, pondrá en marcha, en el plazo de un año tras la entrada en vigor de la nueva ley educativa, un plan de ocho años de duración para extender el primer ciclo de Educación Infantil. «Queremos avanzar hacia una oferta suficiente con equidad y calidad y que garantice su carácter educativo. En su progresiva implantación se priorizará el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social», ha explicado la ministra.

La ministra ha subrayado que las becas son «un instrumento esencial para lograr la equidad en la educación» y ha reafirmado el compromiso del Gobierno para alcanzar una política de becas y ayudas al estudio «que garantice que ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos». Con este objetivo, desde su llegada al Ministerio, Celaá ha impulsado una revisión en profundidad del actual modelo que se va a traducir en una reforma que asegure la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Asimismo, se va a flexibilizar el sistema de forma que sea posible compatibilizar el estudio y el trabajo. Estas mejoras se suman a las ya iniciadas en los últimos 19 meses, como la reactivación del Observatorio de Becas o el aumento en 30 millones del presupuesto destinado a estas ayudas. «Continuaremos con la mejora del proceso de gestión del sistema estatal de becas y ayudas al estudio, en la línea de lo ya iniciado» y en «coordinación con las CCAA y las universidades», ha señalado Celaá.