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España necesita que los poderes públicos aumenten en al menos 1.000 millones de euros anuales el presupuesto de becas al estudio para garantizar que los jóvenes españoles pertenecientes a familias con bajos recursos tengan las mismas oportunidades que el resto de su generación de ... estudiar una carrera universitaria. Es una de las conclusiones principales del informe 'La universidad española en cifras', la radiografía del sistema de educación superior realizada por la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE), que cada año ponen sobre la mesa las fortalezas y los déficits de sus campus.
Los expertos de CRUE consideran «insuficiente» la dotación y la oferta de becas públicas para cursar estudios superiores y aseguran que, si no se cubre el déficit que han calculado, el Estado incumplirá su obligación de garantizar la igualdad de oportunidades, lo que derivará en limitaciones de acceso para los jóvenes más modestos o abandonos de los estudios. Las ayudas, para ser efectivas, deberían garantizar unos 600 euros al mes a los alumnos más pobres, lo que es más del doble de lo que ahora reciben, para lo que también debería desaparecer la parte variable de la beca, la que además de vincularse a la renta lo hace a las notas.
Los analistas recuerdan que España dedica a becas la mitad del dinero respecto a su PIB que la media de la UE, lo que le coloca en el cuarto socio comunitario por la cola si lo que se mira es el presupuesto de ayudas en relación al total del gasto público. Pese al tirón de orejas, admiten que el actual Gobierno está haciendo un esfuerzo por mejorar estas ayudas, con un aumento del 22% de beneficiarios, con 400 euros más de beca media anual, con el 60% del presupuesto dedicado a los alumnos más pobres y tras devolver la nota para lograr la ayuda al 5.
Estos 1.000 millones de más para becas forman parte de los casi 3.200 millones más que Gobierno y autonomías deberían destinar al año para cubrir la infrafinanciación endémica que lastra el funcionamiento de los campus públicos españoles (sobre todo tras el recorte de un 20% de los ejecutivos populares) y para cumplir con el compromiso de la LOSU, la nueva ley universitaria, que propone alcanzar en 2030 una transferencia de fondos equivalente al 1% de PIB. No obstante, recuerdan que ni cumpliendo ese compromiso la universidad publica española alcanzaría la media europea, para lo que serían preciso al menos otros 800 millones más al año.
En la lista de los principales problemas del sistema español hay otros dos. El primero, también presupuestario, que alude a la bajísima financiación de la I+D+i, con un 19% menos de fondos públicos que nuestros socios, pero sobre todo con un 41% menos de inversión de las empresas. El segundo son los desajustes en muchos títulos entre demanda de plazas de estudiantes y necesidades de estos titulados del mercado de trabajo, sobre todo las profesiones STEM. Ejemplos claros son las ingenierías y arquitectura y las ramas de ciencias, con una caída de solicitantes cercana al 20% en este siglo, cuando son de los perfiles con menos paro y mejores sueldos. El caso contrario son las humanidades, con un crecimiento de las matrículas del 6%.
Los rectores sacan pecho en el análisis por su gestión. Aseguran que, pese a las tremendas estrecheces a que les condena el pobre presupuesto de las administraciones, España tiene uno de los sistemas universitarios más exitoso del mundo, tanto en calidad docente como investigadora. Empiezan por destacar que es un potencia en educación superior, con un 50% de los jóvenes y un 40% de los adultos en activo con un título de este tipo, y con la mayor cifra de universitarios (1,7 millones) de su historia pese al descenso de la natalidad, con un 58% de ellos mujeres y con las ciencias de la salud y la tecnología en claro crecimiento.
Los campus españoles tienen un rendimiento académico mejor que la media de los países más desarrollados, con una tasa de finalización de estudios superior y un menor porcentaje de abandono de la carrera. Pese a la baja financiación de I+D+i, la producción científica también triplica el porcentaje que le correspondería por su PIB y está cerca de la de referentes como EE UU, Alemania o Francia.
Prueba del éxito de nuestras universidades, añaden, es que han sido capaces de proporcional candidatos con los perfiles profesionales necesarios para cubrir dos tercios de los 3,6 millones de empleos generados en España desde 2015 (1,6 millones de graduados y 800.000 técnicos superiores o especialistas), descartando el infundio de que los campus son «una fábrica de parados». De hecho, recuerdan que, pese a que los campus privados se han duplicado en lo que va de siglo, es falso que en España sobren universidades, pues hay menos centros en relación a los habitantes que en siete de los once países más desarrollados del mundo.
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