Los estudiantes que hacen prácticas disparan sus posibilidades de hallar empleo

El trabajo recoge que el 91,3% de los los graduados y máster universitarios que han realizado prácticas académicas externas, las que se hacen de forma obligatoria, dentro del plan de estudios y en centros de trabajo, cuentan con un contrato a los cuatro años de haberse titulado. Esto quiere decir que tienen ocho puntos menos de paro a los cuatro años de terminar la carrera que los licenciados que no hicieron prácticas.

El claro aumento de la empleabilidad de los universitarios por la formación externa no solo está garantizado a medio plazo sino que también se produce con intensidad en el corto plazo. Dos datos lo certifican. El porcentaje de los titulados que han realizado prácticas como parte de su grado o máster y que han conseguido su primer empleo antes de seis meses es cuatro punto superior al de los que no. De igual manera, el 87% de los universitarios son contratados o están ya dentro de procesos de sección para el empleo al terminar su período de prácticas.

En el caso de la FP, sobre todo de la etapa que prepara a técnicos superiores, la formación práctica externa también es determinante para la empleabilidad. Los titulados que eligieron hacer su FP superior en ciclos duales, los que capacitan al tiempo en el aula y en la empresa, tienen doce puntos más de empleabilidad que el resto de sus compañeros de ciclos no duales. A los cuatro años de terminar tienen contrato el 74,5% frente al 62,5% del resto.

Este importante empujón laboral de la FP con formación en la empresa lo recibirán ya de desde este curso la totalidad de alumnos de estos ciclos, pues con la reforma realizada por el Ministerio de Educación toda la FP se ha convertido en dual. Los módulos con menos estancias formativas harán un mínimo del 25% de horas de preparación en las empresas.

El libro blanco calcula que en la actualidad en España más de dos millones de estudiantes realizan prácticas académicas, unos 850.000 son universitarios (casi el 54% de las titulaciones españolas incluyen en menor o mayor medida esta obligación curricular) y algo más de 1,2 millones son alumnos de FP. Entre el 40% y el 60% de unos y otros realizan estas prácticas o estancias formativas en centros administrativos o entidades, colegios e institutos públicos.

Los expertos indican que las prácticas son beneficiosas para todos los actores que intervienen en ellas, alumnos, entidades, empresas y sistema educativo. En el caso de los alumnos, no solo aumentan de forma notable su empleabilidad sino que además mejoran sus competencias profesionales y habilidades en el 100% de los casos. Para las organizaciones participantes, las prácticas facilitan el acceso al talento joven y sirven para potenciar su marca empleadora y fomentar la innovación interna. Y las instituciones educativas, por su parte, refuerzan su vinculación con el mercado laboral a través de las prácticas y actualizan sus contenidos curriculares y el diseño de programas ajustándolos a la realidad del empleo.

El trabajo de la Red de Fundaciones Universidad-Empresa incluye, como conclusión, un amplio abanico de recomendaciones específicas para optimizar el sistema de prácticas en España. Destacan la necesidad de integrar las prácticas como parte esencial del currículo, de fomentar el codiseño de programas con las entidades de acogida y de promover una evaluación estructurada basada en competencias. Además, el libro blanco subraya la importancia de la formación y certificación de los tutores tanto académicos como empresariales, el seguimiento continuo del estudiante y la creación de ecosistemas digitales que conecten a las instituciones educativas con las entidades de acogida para facilitar todos los procesos.

Para garantizar los derechos de los estudiantes en prácticas y que obtengan experiencias formativas de calidad, los autores también consideran que hay que establecer límites claros en los convenios sobre las tareas que pueden desempeñar los estudiantes y asegurar que se enfoquen en el aprendizaje, así como obligar a una regulación y supervisión por parte de las autoridades educativas y laborales para garantizar el cumplimiento de las normativas.