El Congreso cambia las reglas de la universidad tras más de dos décadas

El texto definitivo de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que no contenta a casi nadie, pues ha enfadado a rectores, estudiantes, consejos sociales y profesores asociados, incorpora varias decenas de enmiendas del Senado, que entre otras cosas establecen regímenes transitorios para los cambios en el estatus de los docentes, que tratan de evitar colapsos en las contrataciones y plazas a concurso.

Incluye medidas para acabar con la precariedad docente, con el amiguismo y los sesgos de género en la adjudicación de plazas, amplía el perfil de los candidatos a rector, impulsa la transferencia de investigación, otorga a los alumnos derecho a la huelga y compromete una inversión mínima del 1% del PIB en 2030.

Alguno de los cambios principales:

El rector no tendrá por qué ser catedrático ni funcionario. Se abre el cargo a profesores titulares y docentes permanentes doctores a tiempo completo. Solo les piden méritos de investigación y de docencia (los fija cada campus) y experiencia en cargo de gestión unipersonal. Su mandato pasa de 4 a 6 años, pero no habrá reelección. Iguales plazos rigen para decanos o jefes de departamento.

La ley deja la fijación del tamaño y los sistemas de elección de los órganos de gobernanza (Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social) a las universidades. Solo dice que el 25% del Claustro serán alumnos y el 51% profesores, y que en el Consejo de Gobierno habrá un 10% de estudiantes y otro 10% de técnicos.

Estado y autonomías deberán destinar a la universidad para 2030 al menos un 1% del PIB, la media europea. Hoy es un 0,7% y en los últimos doce años la financiación se ha reducido un 20%. Tendrá una financiación suficiente para cubrir los gastos de funcionamiento básico (personal, corrientes e inversiones) más otro aporte por objetivos (resultados docentes o de investigación). Los rectores calculan que harán falta entre 2.000 y 3.000 millones más al año. La comisión que fijará el plan y el calendario de inversiones debe estar constituida en un año.

La carrera docente tendrá como escalones los profesores ayudantes doctores, los profesores titulares o permanentes y los catedráticos. La temporalidad máxima en los campus debe caer a menos de la cuarta parte. Del 40% actual al 8%. El profesorado funcionario, por contra, debe subir del 51% al 55%. Se crea la figura del profesor sustituto para reemplazar a los fijos con permisos o bajas.

La ley busca acelerar la renovación de los puestos fijos de profesor (el 53% se jubila en ocho años) con un diseño de carrera que permitirá pasar de un contrato predoctoral a profesor titular o permanente en diez años (con seis de ayudante doctor).

Termina con el fraude de ley de los falsos profesores asociados. Una figura para que profesionales diesen clase a tiempo parcial que acabó a partir de la crisis con docentes a tiempo casi completo y con sueldos pírricos que sostienen muchas universidades. Volverá a ser lo que se pensó. Las universidades tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para convocar concursos de méritos que conviertan las 26.000 plazas de asociados de contratos temporales a indefinidos a tiempo parcial. Este cambio les permitirá mejores condiciones laborales, garantizando la antigüedad, la indemnización y complementos salariales. Su límite serán 120 horas lectivas por curso.

Los profesores ayudantes doctores recibirán en su primer año de acceso a la docencia universitaria un curso pedagógico para aprender a dar clase.

La ley quiere acabar con el amiguismo y la endogamia. El 70% de profesores trabaja en el campus en que se doctoró. En las comisiones que adjudiquen plazas y concursos deberá haber mayoría de profesores de otros campus elegidos por sorteo. Eso sí, el sorteo será sobre una lista confeccionada por la universidad.

Las mujeres son el 55% de tituladas, pero solo el 41% de las profesoras y el 25% de las catedráticas. Se quiere romper este techo de cristal con medidas como reservar un porcentaje de plazas en algunos concursos o que tengan preferencia a igualdad de condiciones sobre los hombres en áreas masculinizadas. También pide paridad en órganos colegiados, equipos de investigación y comisiones de selección.

Se garantizará el derecho al paro académico. A parar las clases para acudir a asambleas o protestas sin que nadie pueda impedirlo con exámenes o toma de represalias. Eso sí, la convocatoria debe notificarse oficialmente y aprobarla el órgano de representación de los alumnos.

Las tasas universitarias volverán a fijarlas las autonomías, pero siempre «dentro de un marco de contención o reducción progresiva de los precios públicos».

A raíz del escándalo de los gritos e insultos machistas del colegio mayor madrileño Elías Ahuja, se introdujo una enmienda por la que las universidades públicas no renovarán como colegios mayores a las residencias que segregan por sexos, con lo que perderán prestigio, dinero y acceso a servicios del campus.

Las universidades van a jugar un papel central en la actualización de conocimientos profesionales a lo largo de la vida. Ofrecerán microgrados de reciclaje, flexibles, de corta duración (semanas o pocos meses), pero con validez académica. Para titulados, pero también para profesionales que acrediten que tienen el nivel suficiente de experiencia y capacitación para recibirlos.

Los estudiantes extranjeros que vengan a cursar grados o máster tendrán visado para la duración completa de los estudios e, incluso, para hacer prácticas dos años después. Otra novedad son los contratos de «profesores distinguidos». Un instrumento que permite el fichaje temporal de científicos de renombre mundial.

Prevé toda una batería de medidas para favorecer la investigación y la transferencia de innovación a la sociedad. Obliga a que todas las universidades inviertan al menos un 5% de su presupuesto en este área y a reservar no menos de un 15% de las plazas docentes para investigadores.

Las universidades deberán tener servicio de atención a la discapacidad, un cupo de reserva de plazas de profesor y PAS para este colectivo y facilitar la docencia en lenguaje de signos. También deberán tener un plan de inclusión y no discriminación por discapacidad, etnia, origen, sexo o identidad sexual.

Manda a las universidades que garanticen la participación de los alumnos en las comisiones de la facultad o la institución donde se elabora la evaluación de los docentes, donde se diseñan los planes de estudio y temarios y donde se decide cómo serán los exámenes y pruebas a los estudiantes.

Los alumnos deberán contar en todos los campus con un nuevo órgano de representación, el Consejo de Estudiantes, con una unidad que garantice que reciben atención para su salud psíquica y emocional, con estructuras de mentoría (alumnos de tercero o cuarto curso guiando al comienzo del año a los de primero) y con equipos de orientación profesional para ayudar a los estudiantes a encauzar sus intereses.