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Tras elaborar al menos ocho borradores para su modificación, el Ejecutivo ha aprobado hoy la propuesta realizada por la Consejería de Educación para adaptar el decreto vigente a la Ley de Autoridad del Profesorado, aprobada en 2013, una medida que la Junta General pidió adoptar en marzo de 2018 antes del pasado verano.

Según ha señalado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno el titular de Educación, Genaro Alonso, este cambio persigue reforzar la autoridad del profesorado por lo que el nuevo texto detalla sus competencias frente a conductas inapropiadas y las medidas disciplinarias que podrá aplicar directamente.

Además, su ámbito de aplicación no se limita a las actividades que tienen lugar en el centro educativo y a aquellas que, aunque se celebren fuera de estos recintos, están directamente vinculadas a la vida escolar sino también a actividades complementarias y extraescolares que requieran de presencia del profesorado.

La ley a la que ahora se adapta el decreto reconocía el carácter de autoridad pública de los docentes y, con la nueva normativa, se les atribuye potestad y se les dota de presunción de veracidad de forma que la carga de la prueba se invierte y deberá ser el alumno el que pruebe que lo que documenta el profesor no es cierto cuando ejerza sus competencias correctoras y disciplinarias.

Asimismo contempla que los servicios jurídicos del Principado den cobertura a los profesores que presenten una demanda relacionada con su labor para dotar así de una protección «activa» a los docentes.

El nuevo decreto, ha apuntado el consejero, «habla de convivencia y no de disciplina, de corrección y no de sanción» y da autonomía e los centros para gestionar este ámbito y resulta «extremadamente útil» para que la medida a adoptar sea «inmediata» dado que, ha subrayado, «si se impone dos meses después quizá no tenga sentido».

Según Alonso, estas medidas son imprescindibles para avanzar en un sistema de educación equitativo y de calidad que garantice el clima de respeto imprescindible para el ejercicio de la función docente, prime el mérito y el esfuerzo personal y eduque en la convivencia, los valores democráticos y la responsabilidad.

De esta forma, ha apuntado, se refuerza la función del profesorado como pilar esencial del sistema educativo, con el fin de que cuenten con prestigio social, reconocimiento institucional a su labor y respaldo legal a su autoridad. «Tiene un sentido educativo y no meramente disciplinario, es preventivo más que paliativo», ha señalado el consejero, que ha iniciado además en que la norma regula el derecho e los padres a tener copia de los exámenes y el derecho al honor al alumnado y su deber de no discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa.

A su juicio, el decreto, que materializa una de las actuaciones previstas en el Plan estratégico para la mejora de la convivencia y la participación en los centros, se adapta a las necesidades actuales y futuras del sistema educativo y refuerza la autoridad de los docentes para garantizar la calidad de la enseñanza.