El Gobierno abre la puerta a que se cambie el modelo de becas por el de préstamos en la educación universitaria

La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, ha afirmado que se debería abrir la puerta a un debate en el que se incluyera la cuestión de cambiar las actuales becas de los estudiantes universitarios por préstamos que los alumnos tengan que devolver cuando consigan un empleo, como ya está establecido en otros países como Inglaterra.

Los estudiantes que consigan un trabajo al acabar su carrera universitaria podrían devolver el dinero que les ha prestado el Estado en cómodos plazos y sin intereses, ha señalado Gomendio en el Forum Europa que se ha celebrado hoy en Madrid. Además, ha apuntado que solo se haría efectivo en los alumnos de familias de rentas más altas ya que los de rentas bajas tienen asegurada la gratuidad de sus estudios porque reciben la beca del Ministerio.

Por ello, la secretaria de Estado ha asegurado que no se trata de un debate que ponga en peligro la posibilidad de que los alumnos con menos recursos puedan ir a la universidad. Así, Gomendio ha planteado que las comunidades autónomas podrían aumentar las tasas universitarias del 10% o 15% del valor real del coste de un alumno con el que cuentan actualmente, hasta el 25% al que se han adherido Cataluña y Madrid. Normalmente el tema se plantea en términos muy simplistas de educación gratuita para todos, sin embargo hay que partir de que la educación no es gratuita, ha explicado Gomendio.

Por otro lado, ha abogado por un modelo de racionalización del número de titulaciones de posgrado porque ese crecimiento exponencial año tras año supone que cada titulación tenga un perfil más estrecho en cuanto al nivel de formación que ofrece y eso va en detrimento de los estudiantes. Así, la secretaria de Estado ha recordado que el 50% de los alumnos eligen ciencias sociales y jurídicas a la hora de empezar sus estudios universitarios y solo el 6% ciencias de la salud. En opinión de Gomendio, el Estado tiene la responsabilidad de darles información sobre el nivel de empleabilidad de la carrera que van a empezar porque de otra forma los jóvenes cursan sus cuatro años de grado, no encuentran trabajo y se sienten engañados.