El zoo de la discordia

No es el único objeto de debate. Algunas disposiciones también son cuestionadas. A ese respecto, muestran su desacuerdo con la pretensión de que los zoológicos proporcionen alojamiento para los animales exóticos incautados a los particulares. «Acoger la avalancha de depósitos y decomisos dificultaría nuestra función de conservación porque quitaría recursos a nuestra actividad más importante», advierte. Para Sergio García Torres, Director General de Derechos de los Animales y promotor de la norma en curso, no cabe pensar en oleadas de animales silvestres de origen alóctono. «La interpretación del texto debe hacerse desde la lógica –indica–. Un buitre se atiende en un centro municipal de recuperación, por ejemplo, mientras que un león estará mejor en un zoo. En cualquier caso, nos referimos a circunstancias puntuales».

Las protestas no acaban aquí. La asociación profesional demanda una aclaración en torno al punto que determina la prohibición de la cría de especies silvestres y que cuenta, en el texto pendiente de aprobación parlamentaria, con la única excepción de los zoos. «¿Qué ocurre con el mantenimiento, la comercialización e intercambio, que no se mencionan?», se pregunta. «El trabajo de reintroducción precisa del canje de ejemplares para preservar la variedad genética».

El origen administrativo de la norma también resulta asombroso para la agrupación. «No entendemos qué tiene que ver este Ministerio con la biodiversidad, nuestra relación es fluida con el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico», alega y asegura que no son los únicos afectados por la falta de comunicación. «Lo mismo ha ocurrido con los comerciantes, los criadores particulares o los colegios de veterinarios», apunta. «Y todos ellos están implicados en el bienestar animal». Por su parte, García Torres defiende la competencia de Asuntos Sociales ya que tiene el cometido de establecer un marco general de derechos, incluidos los de los animales en cautividad.

Los dos lados de la mesa poseen dimensiones considerables. En un lado, está Belarra y la Administración, en el otro, Almunia representa a 48 entidades de toda la Península, con miembros tan cualificados como Oceanográfic, el Bioparc de Valencia, los zoos de Madrid y Barcelona o el Loro Parque de Santa Cruz de Tenerife. «Puede haber un número similar de pequeñas instalaciones que no están dentro», apunta y señala que todos los participantes cumplen la directiva europea 1999/22/CE relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos. «Además, nos sometemos a estudios de calidad con inspecciones que están por encima de las exigencias legales».

El modelo de desarrollo de estas instituciones se antoja el mayor punto de fricción. Asuntos Sociales asegura que su encaje en la ley resulta evidente y remite al artículo 32, que menciona expresamente a los zoológicos como los únicos capacitados para la cría de fauna silvestre y alude a su relación con la conservación de especies amenazadas. Pero, ¿qué ocurre con la exhibición, su función tradicional? «No hay una posición clara porque se trata de cuestiones complejas», aduce el Director General de Derechos de los Animales.

Algo se mueve en los parques zoológicos, en cualquier caso, y el proceso va más allá de normativas estatales. Se oye cierto clamor de fondo. Las asociaciones animalistas aseguran que no son espacios divertidos, literalmente, sino cárceles para individuos privados de las condiciones de su hábitat original. AIZA recuerda que los prejuicios derivados de una imagen caduca impiden comprobar la renovación llevada a cabo en los últimos treinta años, como una consecuencia más de la cumbre de Rio de Janeiro de 1992, y que hablamos de centros implicados en la preservación de la naturaleza que trabajan con instituciones como el CSIC y las universidades.

El zoo de Barcelona puede ser el paradigma de una transformación voluntaria que ha permanecido ajena a la opinión pública. Ese proceso se inició hace seis años con la formación de una comisión multidisciplinar que planteó un cambio de modelo en el plazo de diez años y con un presupuesto de 65 millones de euros. «Porque no podemos pensar que estas entidades permanezcan ajenas a la evolución de la sociedad y sus demandas», apunta Sito Alarcón, su director.

La conservación de las especies en peligro de extinción, con especial atención a los amenazados ecosistemas del Mediterráneo, se ha convertido en un eje de su actuación, lo que requería reforzar el área de investigación. La sensibilización es, asimismo, una función primordial. «No sirve de nada si no explicamos las nefastas consecuencias de la pérdida de biodiversidad, otra consecuencia del cambio climático».

El trabajo implica su compromiso con especies cercanas, como el lince, el tritón del Montseny o el sapillo balear, y, asimismo, con aquellas ajenas en grave peligro de extinción. «Hemos participado en la reintroducción de las gacela dorcas en Senegal y criamos en cautividad el antílope Oryx, extinguido en su medio natural del Sahel».

El establecimiento de nuevos objetivos supone diferencias profundas con la imagen tradicional del zoo como un abanico de razas exóticas. «No vamos a eliminar animales, pero, desde este punto de vista, desechamos el mantenimiento de especies no amenazadas, y, por ejemplo, no repondremos el colectivo de los guanacos, no tiene sentido». El zoológico lleva a cabo un trabajo de auditoría con la Universidad de Barcelona para evaluar la idoneidad del hábitat. «El actual diseño no tiene nada que ver con el de los años 60 y 70, también evoluciona», afirma y recuerda el último espectáculo de la orca 'Ulisses', uno de los emblemas de la institución, en 1994. «Entonces fue retransmitido por la televisión autonómica. Hoy sería impensable».

¿El público se puede retraer cuando el fin científico se vuelve primordial? «Hemos abierto un espacio dedicado a los invertebrados y siempre está lleno», señala, al tiempo que asegura que el visitante quiere aprender. «Si le hacemos partícipe, ganamos socios. Ellos vienen a observar, no a mirar, y cuando descubren los valores de la naturaleza, los convertimos en parte activa de la preservación».

No hay sitio para el espectáculo. El estanque de aquella orca, los delfines e, incluso, el delfinario, han desaparecido del zoológico catalán. Las piruetas de estos inteligentes cetáceos no entusiasman a los animalistas, que las suelen tachar de negocio sin valor educativo. La Ley no se moja en estas aguas revueltas. García Torres habla, una vez más, de «la necesidad de acompañar para garantizar el bienestar animal» y recuerda que en las legislaciones de los países limítrofes este tipo de espacios tiende a desaparecer y que el reglamento en el que desarrollará la ley establecerá pautas más concretas que impedirán la inseguridad jurídica.

El Oceanográfic valenciano cuenta con el delfinario más grande de Europa, aunque en su página web puntualiza que las exhibiciones son educativas. Las críticas al sector son sesgadas, en opinión del representante de AIZA. «Desaparecieron en Gran Bretaña porque las piscinas no cumplían los estudios de calidad y en Francia ocurrió algo similar a lo que se da a entender aquí, propugnando el cierre y la reubicación en santuarios marinos que, en realidad, no existen. El Senado echó atrás la propuesta. ¿Cerrarlos? ¿Y qué hacemos con los animales, enviarlos a China? Porque no hay recintos para ubicarlos».

El futuro de los parques zoológicos y acuarios no parece, a su juicio, objeto de próximo debate. «El 80% de la gente los apoya», sostiene Almunia. «Antes no había oportunidad de ver animales en vivo y la curiosidad era enorme. Hoy, prima el esfuerzo por la conservación y el trabajo en red para impedir la endogamia y facilitar la reinserción. Olvidamos que los tiempos cambian. Queda poco de aquellos recintos de los años 50, cuando se trataba a los animales como payasos».