Día Mundial del Agua: el papel de las mujeres indígenas por el derecho a este valioso recurso

Hay, por tanto, una mayor conciencia de lo que implica este valioso recurso para la vida, de la necesidad de protegerlo de manera especial y de que el derecho al agua implica acceso, disponibilidad y calidad, entre otros factores. Pero hablar del derecho hace necesario también el abordaje de principios estratégicos de los derechos humanos como son la participación, la inclusión, la igualdad y la no discriminación.

A pesar de que se han hecho importantes avances en el acceso a los recursos hídricos y de que hay un compromiso cada vez mayor de la comunidad internacional, el lema de la Agenda 2030, «no dejar a nadie atrás», hace un llamamiento urgente a este principio de no discriminación e igualdad. No puede darse un desarrollo sostenible por muchas metas que logremos alcanzar si no conseguimos llegar a todas las personas y, sobre todo, a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

Y precisamente son muchas personas las que, en su vida cotidiana, ven vulnerado este derecho al agua por distintos actores. Es especialmente dramática la lucha por la defensa del territorio y el agua que las comunidades y mujeres indígenas libran día a día contra empresas extractivas, hidroeléctricas o agroexportadoras, que utilizan el agua como simple recurso económico.

Estos proyectos pueden alterar el acceso y la disponibilidad del agua por parte de la población, modificar el cauce de ríos y agotar su caudal y en muchos casos, contaminar los recursos hídricos. Esto se produce, además, de la mano de una sistemática violación de derechos humanos que afecta a derechos como la consulta previa, el derecho al territorio o la participación.

En el marco de la globalización, muchos territorios ricos en recursos naturales son objetivo de empresas transnacionales y proyectos extractivos. Muchos de estos territorios se superponen con tierras de comunidades indígenas (1 de cada 3 hectáreas de las concesiones para explotación minera, agrícola-industrial o forestal de los gobiernos de países de América Latina, África o Asia).

Este tipo de proyectos afecta en gran medida a la vida de estas comunidades, ignora sus derechos y no contempla su cosmovisión ni su manera de entender la relación con el territorio y con el agua. Pero, además, estos proyectos se insertan en dinámicas sociales muy sensibles, que afectan a territorios ya de por sí muy abandonados por los estados y que suponen una discriminación estructural hacia la población indígena.

En la lucha entre el agua como derecho humano o como bien económico se generan importantes conflictos marcados por unas relaciones de poder muy desiguales: por un lado, las comunidades indígenas, por otro, grandes empresas y multinacionales.

Las mujeres indígenas desempeñan un papel clave frente a estas amenazas. Los conflictos por el agua y los recursos naturales muchas veces reproducen estructuras patriarcales y discriminatorias y, en el marco de estrategias de persecución y criminalización, las mujeres sufren de manera especial la violación de sus derechos: el derecho al agua, a la salud, a la alimentación, al territorio, así como numerosos derechos que tienen que ver con su dignidad, su integridad sexual y su vida.

Pero también las mujeres indígenas se han convertido en actoras clave en las dinámicas de resistencia y de defensa del derecho al agua y sus territorios. Su papel está siendo fundamental para expresar su desacuerdo con un modelo de desarrollo que considera el agua como bien económico, y no como derecho.

El aporte que están haciendo es necesario y muy valioso ya que construyen resistencia desde enfoques de defensa de la vida, proponiendo otra cultura de movilización, con valores de solidaridad y apoyo mutuo, con estrategias de autoempleo, utilizando como instrumentos la promoción de asambleas comunitarias, las consultas de buena fe, los procesos de diálogo entre actores y las movilizaciones pacíficas.

Las defensoras del derecho al agua son la expresión real, visible y cotidiana de que es necesario avanzar hacia modelos de desarrollo que protejan el agua, el territorio y los recursos naturales, un desarrollo que, en definitiva, garantice y proteja la vida.

Este artículo ha sido escrito por Elena de Luis Romero (investigadora y profesora en materia de derechos humanos y cooperación para el desarrollo, Universidad Carlos III)

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation.