El Defensor del Pueblo investiga los abusos a menores tutelados

Asimismo, el Defensor del Pueblo ha requerido detalles sobre la aplicación del Plan Contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema de Protección a la Infancia, aprobado por el Gobierno y las comunidades autónomas el pasado 5 de mayo. El objetivo del Plan es prevenir la explotación sexual contra la infancia y adolescencia tutelada o acogida por las administraciones, mejorar la atención a las víctimas, y reforzar estructuralmente al sistema de protección para prevenir que se produzcan nuevos casos en el futuro.

El Defensor solicita información a las administraciones acerca de las acciones y calendario previsto para poner en marcha las distintas medidas aprobadas. La Institución ya inició actuaciones, en 2020 y a principios de 2022, ante el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y ante la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, tras conocer casos de menores tutelados por esas comunidades que habían sido presuntamente víctimas de abusos o de explotación sexual.

En los últimos años, de manera recurrente, se han conocido múltiples casos de explotación sexual de niñas y adolescentes de centros de protección de Palma de Mallorca, Canarias, Alicante, Álava, Madrid y Guadalajara. No obstante, las investigaciones de los expertos, como la realizada en 2017 por Unicef en nueve autonomías, indican que es una irregularidad extendida, con casos que se silencian en la mayoría de las regiones, por lo que los escándalos conocidos no serían más que la punta del iceberg de un mal generalizado. Hallaron episodios de explotación sexual de menores tuteladas en siete de las nueve comunidades auditadas.

Son jóvenes vulnerables, procedentes de familias desestructuradas o en las que sufrieron abusos, a las que los proxenetas introducen, a menudo con engaños, chantajes y violencia, en el mundo de la prostitución, en demasiadas ocasiones con el cebo de las drogas a las que se enganchan o de teléfonos móviles, ropa o pequeñas cantidades de dinero.

«Se trata de una situación de extrema gravedad, que vivimos con mucha preocupación», indicó el pasado febrero la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. «Tenemos que garantizar que el sistema de acogida vela por los derechos de los menores y que ninguna institución pública mira para otro lado», añadió Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. Ambos ministerios han impulsado la acogida familiar para combatir la trata de menores tuteladas.