«Los datos deben usarse con rigor», advierte el juez a la multinacional Meta

El juicio de los medios españoles contra Meta por competencia desleal se celebrará los próximos días 1 y 2 de octubre de 2025 tras la vista oral celebrada en el juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid y que ha terminado con una reflexión por parte del magistrado Teodoro Ladrón Roda: «Dedicamos muchísimas horas del día a las redes sociales y la cantidad de información que ahí se tiene sobre los datos de los usuarios es enorme y debe ser usada con rigor».

Unas palabras que le han servido al juez para recordar uno de los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): el principio de minimización. «No lo digo yo, lo dice el Reglamento General de Protección de Datos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en varias sentencias y con ello nos debemos regir», señaló antes de emplazar a las partes para octubre de 2025 ante la inexistencia de acuerdo.

En este caso, los periódicos españoles, agrupados bajo la Asociación de Medios de Información (AMI), demandan a Meta, la antigua Facebook, dueña también de Instagram y Whatsapp, por competencia desleal por la venta de publicidad digital hiperpersonalizada mediante el uso de datos personales recopilados sin consentimiento, infringiendo -según los demandantes- el RGPD entre mayo de 2018 y julio de 2023.

En el escrito, los medios españoles sostienen que la compañía de Mark Zuckerberg ha incumplido «sistemáticamente» el Reglamento General de Protección de Datos comunitario, en vigor desde 2018. Tras la publicación de esta normativa, todas las compañías están obligadas a obtener el consentimiento expreso de sus clientes para tratar sus datos con fines publicitarios de forma segmentada y, así, lanzar anuncios personalizados. «En noviembre de 2023, la propia compañía reconoce que no pedía el consentimiento», señaló Nicolás González-Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal y representante legal de la Asociación de Medios de Información (AMI), a este periódico.

En su intervención en la audiencia previa, que ha contado con la presencia de directivos del gigante tecnológico, el abogado de Meta, Javier de Carvajal Cebrián, defendió que aceptar el rastreo de cookies en sus aplicaciones no implica aceptar la política de privacidad para recibir publicidad personalizada. Argumento que el magistrado ha resuelto con que las políticas de cookies son relevantes en este caso, citando varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso Schreems, precisamente también contra Facebook. «Mediante las redes sociales es posible conocer la ideología, la religión, la orientación sexual y las opiniones políticas de sus usuarios», recordó el juez.

El magistrado añadió que así podrá demostrarse si la compañía demandada ha actuado o no con una ventaja competitiva respecto a los medios de comunicación en el mercado publicitario. «Es cierto que el periodismo escrito está en una crisis, y es también económica. En esa competencia se puede obtener una ventaja competitiva significativa, y le admito la prueba al señor letrado. A ver si ustedes están haciendo lo mismo: que se vea si hay o no ventaja competitiva».

En su demanda, los periódicos españoles apuntan que Meta ha hecho crecer su cuenta de ingresos y de resultados sobre un principio de competencia desleal a través de la recopilación de información de los usuarios en la Red como el nombre, la dirección, los contactos, y el rastro que dejan en su historial de navegación sin regirse a los principios establecidos en el RGPD. Esta información, recalca la demanda, «es uno de los principales activos para la plataforma y está en el corazón de su negocio».

El mercado de la publicidad hipersegmentada es una de las principales vías de ingresos de las grandes tecnológicas como Amazon, Google o el conglomerado de Meta (Facebook, Whatsapp e Instagram). El peso de las plataformas tecnológicas en el mercado publicitario en los últimos años hasta llegar a aglutinar cuatro de cada diez euros de inversión en 2023, según datos del estudio i2p, que elabora la consultora Media Hotline junto con la compañía de control publicitario Arce Media.

En los informes aportados como prueba, la AMI estima el daño causado en más de 550 millones de euros, cifra que, según los análisis presentados, dejaron de percibir entre entre 2018 y julio de 2023. Como contrapartida, la tecnológica estadounidense ha pedido que los medios demandantes presenten sus políticas de privacidad para que demuestren si realmente existe la ventaja competitiva. «Negamos la existencia de tal ventaja», destacó la representación legal de Meta, donde además ha exigido que los medios españoles presenten sus políticas de privacidad ante el juez.

Con todas las pruebas admitidas y sobre la mesa, la siguiente cita -si no hay acuerdo previo- será en octubre donde el juicio quedará visto para sentencia.

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