Bruselas lanza su 'plan verde' para llegar a cero emisiones en 2050

Bruselas cree que es posible. La UE, defiende, ya tiene «una sólida trayectoria» en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que mantiene el crecimiento económico. Se apoya en datos recientes: el pasado año, las emisiones fueron un 23% más bajas que en 1990 y el PIB creció un 61% en el mismo período. Pero, sobre todo es consciente de que tiene que ir más allá de los debates en bucle y dar pasos creíbles para los ciudadanos. Su presión es incuestionable. En el último Eurobarómetro, el 95% de los encuestados eleva al primer rango de preocupación la crisis climática y el 77% defiende incluso que su protección puede impulsar el crecimiento económico.

Y Ursula Von der Leyen ha pisado el acelerador. Comparecía a primera hora de la tarde ante la Eurocámara para desgranar ese 'Pacto verde europeo' del que viene hablando desde su nominación el pasado verano y que establece como punto intermedio hacia las emisiones cero, alcanzar en 2030 el objetivo de reducción del 50% o el 55%. Su idea es presentar el próximo verano un plan de evaluación de impacto para llegar a esa nueva horquilla. Y en junio de 2021 plantear una revisión que comprenderá también el comercio de emisiones a nuevos sectores, objetivos para reducir al menos 77 focos de emisiones contaminantes al margen de ese sistema de comercio, y la firme apuesta por la silvicultura (cultivo y cuidado de las zonas boscosas).

¿Pero cuánto costará la estrategia? Hoy el objetivo que tiene establecido la UE para 2030 es reducir las emisiones de efecto invernadero en un 40%. Y llegar a él ya requiere una inversión anual sustanciosa: 260 mil millones de euros (el 1.5% del PIB de la UE de 2018), con implicación también del sector privado. Así que ser más ambicioso, 'amarrar' ese 50% o 55%, disparará el gasto. La Comisión Europea aún no ha cerrado su plan de inversión. Lo presentará a principios del próximo año. Aunque ya avanza que al menos el 25% del presupuesto a largo plazo de la UE (para el periodo 2021-2027) lo absorberían estos planes de acción climática.

Von der Leyen lo tiene que defender mañana ante unos líderes, en la cumbre de jefes de Estado y gobierno que se celebra en Bruselas, que no se ponen de acuerdo sobre la aportación que cada Estado debe hacer a ese presupuesto de largo alcance, el primero a Veintisiete, sin Reino Unido. Alemania y países del Norte de Europa, por ejemplo, abogan por la contención, por no superar más del 1% de la renta nacional bruta de cada país. La anterior Comisión Europea, liderada por Jean-Claude Juncker, apostaba por el 1,11% mientras que la Eurocámara presiona para que se llegue al 1,30%.

La cuestión es que para asegurar que la transición verde sea «socialmente justa», Von der Leyen necesita dinero. Y, de entrada, pretende canalizar una inversión de 100.000 millones de euros anuales con destino a las regiones más expuestas a los desafíos económicos y sociales. Llegaría del citado presupuesto de la UE, de los presupuestos nacionales a través de la cofinanciación, o del incentivo de fondos privados. Pero también del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que dejaría de prestar a proyectos que no concilien con el Medio Ambiente. Sólo sostenibles.

Con ese fondo de 100.000 millones de euros anuales Von der Leyen pretende también salvar las reticencias de países como Hungría, Rumanía o la República Checa, muy dependientes de materias fósiles o de procesos intensivos en carbono, que temen los altos costes económicos y laborales de la transición y que más freno ponen a su ambicioso plan.

«El Acuerdo Verde Europeo es nuestra nueva estrategia de crecimiento, para devolver más de los que quitamos (al planeta). Muestra cómo transformar nuestra forma de vivir y trabajar, de producir y consumir para que vivamos de manera más saludable y hagamos nuestros negocios innovadores», ha defendido la alemana durante la presentación de un proyecto que tendrá cobertura jurídica con la primera ley climática de la UE antes del 19 de marzo, cuando vencen los primeros cien días de su mandato. Es el compromiso que adquirió para conseguir que la Eurocámara respaldase su nombramiento y lo mantiene.