Solo cuatro expertas aceptan participar en la comisión de delitos sexuales

En la comisión que abordará la reforma penal tras las protestas por la sentencia contra La Manada, que en principio iba a estar integrada por 20 hombres, participarán la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; la letrada de las Cortes y antigua exdelegada para la Violencia de Género, Blanca Hernández; la catedrática de Derecho Penal de la Universidad San Pablo CEU, Avelina Alonso de Escamilla, y la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Carmen Lamarca.

El departamento dirigido por Rafael Catalá también había ofrecido formar parte de la comisión a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Mirentxu Corcoy. Sin embargo, esta experta rechazó ser una de las vocales en una comisión que denuncia que no es paritaria.

Corcoy es una de las 25 catedráticas que pidieron la dimisión del presidente y a los vocales de esta comisión, porque consideran que el modo en que han sido seleccionados «permanece en la más absoluta oscuridad». De esta manera, las firmantes reclaman al ministerio de Justicia que se vuelva a formar esta comisión según los principios de «transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género».

El escándalo por la difusión de los datos personales de la joven madrileña que fue víctima de la manda ha llegado hasta el órgano de gobierno de los jueces. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantuvo ayer una reunión extraordinaria en la que acordó abrir diligencias informativas para determinar si se ha producido una vulneración de la normativa, en materia de protección de datos de carácter personal, en la sentencia de La Manada que fue dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.

El CGPJ acordó abrir esta investigación al tener conocimiento a través de los medios de comunicación de la filtración de los datos personales de la víctima de La Manada. En concreto, lo que preocupa a los responsables del CGPJ es cómo se ha podido difundir el llamado 'código seguro de verificación' de la sentencia facilitada a los medios el pasado 26 de abril. Esta clave sólo permite a las partes personadas en un determinado caso el acceso a la versión de la sentencia en la que figuran todos los datos personales de los implicados en el caso, tanto víctimas como encausados. Sin esa clave, aparecen borrados los citados datos.

En el caso de la sentencia de La Manada, ese 'código seguro de verificación' se mantuvo en los márgenes del fallo, lo que permitió acceder al original completo en la página web del Gobierno Foral. Como primera medida en la investigación, dirigida por la vocal Victoria Cinto, se ha pedido la colaboración del Departamento de Justicia de la Navarra. Este organismo, visto lo ocurrido, ya ha bloqueado el acceso a las sentencias con el 'código de verificación seguro'.