El Gobierno prohíbe todos los desplazamientos que no sean por fuerza mayor

El Gobierno restringe durante quince días al mínimo en todo el territorio nacional los movimientos de la población para atajar la pandemia. El ejecutivo de Pedro Sánchez apuestas por las medidas más drásticas y copia el modelo italiano: confinamiento domiciliario del país, salvo situaciones muy contadas. El decreto prohíbe cualquier desplazamiento que no sea para adquirir medicamentos, alimentos, trabajar, cuidar a dependientes o ir al banco. Las fuerzas armadas, además, pasan a estar bajo las órdenes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El decreto del estado de alarma, en síntesis, remarca que los ciudadanos sólo y exclusivamente podrán estar en la vía pública en ocho situaciones muy tasadas: Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o «cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada».

La nueva normativa contempla la movilización de todas las fuerzas armadas en trabajos de contención del coronavirus, pero los ejércitos estarán bajo el control directo de Grande-Marlaska, quien pasa a ser el nuevo hombre fuerte del Gobierno, con cerca de 250.000 funcionarios bajo su mando directo, que tendrán como objetivo principal, además de controlar que se cumplan las restricciones de movimientos, que se garantice el abastecimiento de los productos de primera necesidad (alimentos y medicinas) a los mercados.

Algunos partidos y algunos presidentes autonómicos se lo habían solicitado ya al jefe del Ejecutivo a lo largo de esta semana. El primero en hacerlo fue Vox -que tras anunciar el contagio de su secretario general, Javier Ortega Smith, cargó contra el Gobierno por haber permitido tanto la celebración de su Congreso como las marchas del 8 de marzo- pero también Ciudadanos lo hizo el jueves. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, apostó anteayer por la ley de seguridad nacional, que ofrece posibilidades relativamente similares. Sin embargo, el presidente popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, llegó a reclamar ayer mismo por carta que no se esperara más.

Sánchez defendía hasta el jueves una actuación gradual y proporcional para evitar daños colaterales en el tejido productivo y el mercado laboral y siempre se ha ampardo en las «recomendaciones de los expertos» para justificar el no haber adoptado con mayor premura medidas muy contundentes de aislamiento como las decretadas hace meses en China, origen conocido de la pandemia, o las aplicadas hace unos días en la vecina Italia, que ya ha superado los 15.000 contagios y los 1.000 muertos. Ayer, el presidente del Gobierno eludió cualquier signo de relajación.

«Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continent; nos esperan semanas duras -advirtió- y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10. 000 afectados».

Bajo esa premisa, volvió a hacer una llamada a la colaboración ciudadana. «La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus, pero hay un recurso undamental que está más allá de cualquier ley o decreto y me gustaría a pelar a los compatriotas -dijo en un lenguaje propio de una situación de emergencia nacional-: la victoria depende de cada ciudadano. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse uno mismo para proteger al conjunto».

En su alocución hubo una apelación especial a los mayores y las personas con enfermedades crónicas, los más vulnerables al COVID-19. También a los jóvenes para los que, en principio, el riesgo es mucho menor. «Es cierto que por su vitalidad pueden sentirse al abrigo de los efectos más severos del virus, pero pueden actuar como transmisores. Su colaboración es decisiva -remarcó una vez más - para cortar los contagios y por eso deben limitar los contactos y mantener la distancia social».

El decreto que declarará el estado de alarma, y del que ayer ya fueron informados la presidenta del Gobierno, los grupos políticos y los presidentes autonómicos, tendrá en principio una vigencia de quince días, el máximo permitido por la ley, que después, no obstante, podrá ser porrogado por el Congreso de los Diputados, en caso de considerarse necesario.