El Principado prepara un sistema para poder celebrar juicios telemáticos

La vuelta a la normalidad en la administración de Justicia se desarrollará por fases. Tras la declaración del estado de alarma había un 17% de la plantilla desarrollando servicios esenciales en las sedes judiciales y ahora, inmersos en la fase 1, se ha incorporado hasta un 40%, con un total de 580 trabajadores desarrollando su labor de forma presencial. En la segunda fase se espera que esa cifra se eleve hasta el 70%. En esa segunda fase de la desescalada en Justicia la previsión del Principado pasa por que el trabajo se desarrolle en dos turnos, de mañana y tarde, con un doble objetivo: contribuir a desatascar la acumulación de procesos y garantizar las medidas de separación entre trabajadores para garantizar la seguridad.

La aplicación de medidas de seguridad ya está puesta en marcha. El Principado comenzó el lunes el reparto de mascarillas para aquellos puestos en los que no es posible mantener la distancia, así como de hidrogeles, y se prevé distribuir pantallas individuales a aquellos trabajadores que realizan su labor fuera de las sedes judiciales. A las 100 mamparas instaladas al inicio de la crisis para los puestos cara al público se sumarán otras 260 «ya encargadas».

Rita Camblor señaló además que su consejería mantiene el compromiso en inversiones de infraestructuras judiciales reflejado en el presupuesto. «Se retomarán las obras en el momento en el que se dejaron», afirmó.

La consejera de Presidencia se refirió también al anuncio lanzado por el vicepresidente del Ejecutivo regional, Juan Cofiño, sobre la necesidad de recortar el gasto en personal en la administración asturiana. Rita Camblor señaló que en la actualidad «no hay» ningún plan sobre la mesa, pero advirtió de las complicaciones presupuestarias que tendrá que afrontar el Principado. «Me gustaría arreglarlo sin tocar nada, pero viendo la situación que se avecina, todo puede ser». Lo que sí descartó la consejera es que el Gobierno regional vaya a dar marcha atrás en la aplicación de la jornada de 35 horas para los funcionarios. Rita Camblor señaló que lo que sí estaba sobre la mesa antes de la pandemia era una «reorganización» del personal de la administración en función de las necesidades de cada servicio, una cuestión sobre la que tienen previsto avanzar. «Ahora mismo, recuperar la jornada anterior no está en los planteamientos ni de la administración del Principado ni de la de Justicia».

La consejera señaló que las previsiones de su departamento pasan por dar salida a la ofertas públicas de empleo previstas, comenzando por las de Policía Local y Bomberos, que serán «prioritarias». No obstante, advirtió de que los plazos administrativos están paralizados y de que estas pruebas aglutinan a muchas personas, por lo que será necesario poner en marcha un sistema que garantice la seguridad. Las siguientes convocatorias que se pongan en marcha serán aquellas cuyos plazos «estén próximos a expirar».

Otro de los anuncios que realizó la consejera se refiere al teletrabajo. La situación de estado de alarma obligó a poner en marcha un sistema para que le personal público pudiese desarrollar su labor desde casa y ese es un capital que ahora no se quiere perder. De hecho, el Principado trabaja en un reglamento que regule esta actividad de cara a poder potenciarla en situación de normalidad.