javier arias lomo / MELCHOR SÁIZ-PARDO
Lunes, 16 de marzo 2020, 10:29
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dado por hecho este lunes la prórroga del estado de alarma más allá de los días previstos inicialmente por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
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«Es evidente que tendremos que ... prorrogar esta situación, ya veremos con qué medidas, pero en quince días no creo que estemos con capacidad para ganar esta batalla«, ha admitido Ábalos en una entrevista en RNE.
Asimismo, el titular de Transportes ha admitido que dilatar en el tiempo esta situación extraordinaria dependerá de la eficacia de las medidas ya establecidas, lo que, según ha señalado, está relacionada directamente con su grado de cumplimiento.
Todo apunta a que el Estado de alarma decretado por el Gobierno en el Consejo de Ministros de este sábado se prorrogará con el apoyo del Congreso, tal y como establece la ley orgánica para extender esta situación excepcional más allá de los 15 días.
Los partidos políticos que componen la Cámara Baja no se han mostrado partidarios de esta prorroga en caso de que la situación de extrema gravedad sanitaria requiera de más medidas en la lucha contra el coronavirus.
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Pablo Casado, el líder del PP, ya aseguró el pasado viernes que dará su apoyo en el hemiciclo si hace falta prorrogarlo, ya que son necesarias «medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias».
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que el cierre de las fronteras españolas para «luchar contra la expansión» del coronavirus «es una posibilidad real» que el Gobierno se plantea.
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En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el titular de Interior ha explicado que este mismo lunes mantiene una reunión con sus homólogos de la Unión Europea en la que se pondrán en común las distintas «posturas» para garantizar «la salud de los ciudadanos».
Para este fin, el Ejecutivo se plantea incluso el cierre de las fronteras. «Se trata de que podamos bloquearla (la expansión del virus) y garantizar la salud de todos», ha apuntado el ministro.
Sin apenas sanciones por el incumplimiento del estado de alarma
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Respecto a la adopción de medidas complementarias, Grande-Marlaska ha señalado que el Ejecutivo decidirá una vez transcurran los 15 días que durará el estado de alarma. «Van a venir una o dos semanas difíciles, no estamos en el pico todavía. Vamos a ir viendo», ha añadido.
En este contexto, Grande-Marlaska ha asegurado que, tras decretarse el confinamiento, no se han producido incidentes relevantes. «Estamos en términos de normalidad dentro de las circunstancias extraordinarias en el cumplimiento por parte de la sociedad y de la ciudadanías de todas las medidas acordadas por el Gobierno», ha apuntado.
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Así, el ministro ha celebrado la «solidaridad» de los ciudadanos españoles, a los que solo se permite la libre circulación con determinadas excepciones, y ha señalado que, por el momento, la imposición de sanciones por el incumplimiento del estado de alarma son mínimas.
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Lucía Palacios
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Ahora sí, con toda la artillería. Solo 24 horas después de la declaración del estado de alarma el Ejecutivo decidió ayer la práctica intervención de la sanidad privada para evitar el colapso de la red pública por la pandemia del coronavirus. Sanidad, que asume el control vía decreto de los más de 500 hospitales privados del país, pone esos centros a «disposición de los consejeros» de Salud de las comunidades autónomas, que podrán disponer de ellos a su criterio, según las necesidades de sus respectivas regiones.
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El departamento que dirige Salvador Illa, con esta medida extrema, espera contar en todo el país con 158.000 camas disponibles y más de 40.600 profesionales sanitarios. Se trata de unas cifras que, según los técnicos de Emergencias de Sanidad, deberían ser más que suficientes para enfrentarse al «más pesimista de los escenarios» cuando el número de contagiados asciende ya a casi 8.000 personas y hay más de 380 enfermos en las UCIs. En estas unidades las camas empiezan a escasear en lugares de la Comunidad de Madrid, donde la epidemia está golpeando con más dureza.
El Ministerio de Sanidad, que dictó tres órdenes ministeriales diferentes ayer, también dio autorización a todas las consejerías de salud para que de forma inmediata puedan «habilitar espacios sanitarios» tanto en «locales públicos como privados» para convertirlos en centros tanto de consulta como de hospitalización. Ya hay, de hecho, varios proyectos para convertir hoteles casi vacíos de turistas en estas fechas en hospitales.
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El Ejecutivo, además, prorroga la contratación de los médicos residentes actuales de multitud de especialidades, entre ellas las más relacionadas con la epidemia como geriatría, medicina del trabajo, intensiva, interna, preventiva, neumología, radiodiagnóstico o parasitología, entre otras. Quedan suspendidas, además, todas las rotaciones de residentes para poder reforzar con estos médicos las áreas más necesitadas.
Médicos extranjeros
Como ya ha hecho Italia, España, para poder contar de manera inmediata con más personal médico para hacer frente al coronavirus, va a reconocer los grados y licenciaturas aunque no tengan la especialidad. También habilitará a ejercer a los 'MIR' sin plaza y a los médicos extracomunitarios que tienen en trámite la convalidación de su título con perspectivas favorables.
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Más allá de las medidas estrictamente sanitarias, el Gobierno declaró también ayer la guerra abierta a la especulación y a los acaparadores de material sanitario o cualquier bien de utilidad para combatir el COVID-19. Con el fin de «asegurar bienes y servicios necesarios», otro decreto firmado por Salvador Illa dio 48 horas «improrrogables» a todas las personas y empresas para que informen a sanidad del stock que tenga de material útil como kits de detección víricos, gafas, batas, mascarillas, geles desinfectantes o mecanismos de ventilación. Además, las empresas que tengan capacidad de fabricar este tipo de bienes deberán igualmente informar al Gobierno en el plazo de dos días y ponerse a su disposición.
La nueva normativa, advierte el Ejecutivo, prevé fuertes multas y otras sanciones a las empresas y privados que acaparen material, que intenten sacar provecho o que se niegue a fabricarlo.
Salvador Illa, con otro decreto, puso orden al desbarajuste de datos sobre la pandemia que existía hasta ahora con las autonomías. El Gobierno pasa a centralizar toda la información pública sobre la actual crisis sanitaria y únicamente facilitará datos sobre la evolución de la pandemia a primera hora de la tarde.
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Junto a Salvador Illa, a primera hora de la noche comparecieron en Moncloa los otros tres ministros que, junto a Pedro Sánchez, pertenecen al gabinete de crisis del coronavirus: Margarita Robles, Defensa; Fernando Grande-Marlaska, Interior ; y José Luis Ábalos, Transporte.
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