El Congreso encara la negociación para prohibir la industria proxeneta

Así lo defendieron ambos, el miércoles, en los argumentos con que tumbaron en la Comisión de Igualdad el intento del PNV de crear una subcomisión parlamentaria para diagnosticar la situación de la prostitución en España, que en seis meses debería proponer las medidas a adoptar. Una y otra formación coincidieron en que el Congreso ya ha escuchado a expertos y afectados por el comercio sexual hasta en tres ocasiones en los últimos quince años, la última hace solo nueve meses, y que ha llegado el momento de las decisiones.

La socialista María Guijarro dijo que su partido, que cree que la prostitución es «la esclavitud más antigua del mundo», no quiere perder más tiempo y tiene como «prioridad» que el Parlamento acuerde «acabar con la industria proxeneta». Marta González, del PP, defendió que la subcomisión no era más un intento de «dilación» ante «la posibilidad de que la proposición de ley se apruebe con la mayoría de los votos de la cámara» y añadió: «No queremos aplazar 'sine die' y por enésima vez en la historia de esta cámara la toma de decisiones con respecto a este tema».

No obstante, para que de las palabras se pase a los hechos, socialistas y populares deberán superar su vértigo político ante el acuerdo y pactar, pues esta reforma del Código Penal solo saldrá adelante con los votos de ambos. El tablero ya está suficientemente claro. Nacionalistas y Ciudadanos rechazan prohibir el negocio de la prostitución y Podemos no está dispuesto a llegar tan lejos como su socio en el Gobierno.

En cualquier caso, el primer paso lo tendrá que dar el PSOE, que es el máximo responsable de que no se mueva ni una hoja en la tramitación de esta ley desde hace más de tres meses. Tras un inicio fulgurante, en el que logró que el pleno admitiese a trámite en junio su proposición en tiempo récord -solo tres semanas después de registrarla-, aún no ha empezado a negociar con el resto de partidos, pese a que conoce las enmiendas y objeciones de todos desde el 20 de octubre.

Los socialistas juran que en el parón no hay desinterés por la reforma sino que es el resultado de la sobrecarga de la Comisión de Igualdad, donde este otoño han priorizado la aprobación de las leyes trans y del aborto, y de sus actuales esfuerzos por enderezar la crisis desatada por la revisión de condenas tras el 'solo sí es sí'. No obstante, aseguran, su intención es retomar «en breve» los trabajos para llevar la ley lo antes posible a la aprobación del pleno. Más que retomar la tarea tendrán que iniciarla, pues la ponencia que debe enmendar la proposición no se ha vuelto a reunir desde su constitución, el 16 de noviembre, y sus diputados no han intercambiado ni media palabra sobre el asunto con el PP, su futuro socio obligado.

Entenderse con el PP es el problema del PSOE, pero su ventaja es que lo tienen relativamente fácil. Las enmiendas populares a la ley (solo siete) aceptan la columna vertebral de la norma. Las condiciones que le ponen son mínimas. Aceptan encarcelar a todo aquel que se lucre con la prostitución, aunque no haya coacción, incluidos los dueños de clubes y pisos destinados a esta actividad, y no ponen pegas a imponer fuertes multas a los puteros, que incluso terminarían en una celda si la mujer a la pagan es una menor o una persona vulnerable. Solo piden que ser propietario de prostíbulo no suponga un agravante y que la pena de cárcel sea la misma que la del simple proxeneta, el tradicional chulo.