«Nadie cogería un viejo pergamino y lo repasaría con boli. Eso es lo que se va a hacer con el Chao»

-Usted habla de luces y sombras en la profesión y en lo que a la gestión del patrimonio arqueológico asturiano se refiere.

-Si alguien hoy repasa las publicaciones en las que se resumen las intervenciones arqueológicas realizadas en Asturias, la impresión que recibirá es que se ha hecho un trabajo muy importante, desde el punto de vista cuantitativo y, también, por las materias de las que se ocupa, que abarcan desde nuestra prehistoria más antigua a manifestaciones de la historia contemporánea. Sin duda, es un campo profesional que disfruta de vitalidad: existen dos asociaciones profesionales muy activas y se han puesto en marcha proyectos de enorme interés. Otra cuestión son los medios disponibles y la posibilidad de dar continuidad y profundizar en las líneas de conocimiento que se van abriendo.

-Usted tiene el convencimiento de que el patrimonio arqueológico es percibido por la sociedad como una fuente de problemas.

-Es paradójico que esto ocurra en Asturias, que reúne -y no es grandonismo- un patrimonio arqueológico excepcional, en cualquiera de sus campos: desde el arte rupestre al arte asturiano, el patrimonio castreño, las fortificaciones medievales o el mundo romano... Este patrimonio ofrece unas posibilidades inmensas de estudio, conocimiento y, también, de rentabilización social. Pero en muchas ocasiones es percibido como una fuente de conflictos por el grado de protección del que disfruta, las servidumbres que impone su existencia en nuestro paisaje y, quizá, la falta de pericia con la que se gestiona un aparato burocrático con cada vez más peso en la actividad.

-Un problema que se remonta mucho tiempo atrás. Sin embargo, es un gran defensor de la Ley de Patrimonio Español de 1985, que abrió un escenario lleno de oportunidades. ¿No se supieron aprovechar?

-La ley formalmente es muy buena. Y estableció un marco legal muy avanzado en su concepción del patrimonio histórico y en la definición de los instrumentos que podían ser utilizados para su protección. Asumiendo estos principios, el Principado inició una línea de trabajo muy interesante con resultados sin duda importantes. El marco legal que estableció permitía atisbar posibilidades ciertas de una protección eficaz del patrimonio y crear las herramientas administrativas para que su preservación pudiera desarrollarse sin ocasionar mayor trastorno a otras actividades sociales y conciliar así los legítimos intereses de promotores y constructores con el incremento y mejora en el conocimiento de nuestro patrimonio.

-A finales de los ochenta, según sus propias palabras, Asturias estaba a la vanguardia.

-El Principado, a través de su Consejería de Cultura, atendiendo también las recomendaciones internacionales, puso en marcha iniciativas esenciales que siguen siendo hoy, en buena medida, las responsables del relativo buen estado de nuestro patrimonio arqueológico. En primer lugar, clave, la elaboración del inventario para identificar los bienes que debían ser protegidos. De esta forma, podía coordinar todas las iniciativas con potencial incidencia sobre ellos. Hay que tener en cuenta que en Asturias el expolio arqueológico nunca fue la causa esencial de pérdida de patrimonio. Hubo, como en todos los sitios, episodios lamentables, pero su relevancia en cuanto a los daños ocasionados fue mínima si la comparamos con la causa real que estaba ocasionando alteraciones muy severas en muchos bienes.

- ¿Cuál era?

-Tenía que ver con las grandes obras públicas y la modernización del medio rural acometidas por las administraciones. Pero, en ese momento, el Principado inició el control sistemático de todas aquellas intervenciones, públicas y también privadas, en las que se presumiesen riesgos para los bienes conocidos. Un acuerdo social por el cual los promotores de esas obras correrían con los gastos derivados de la documentación, rescate, conservación y difusión del patrimonio arqueológico que se pudiera ver afectado. Era una medida avanzada y favoreció un cambio radical en cuanto a conocimiento y a la actividad arqueológica. Surgieron así los primeros profesionales y empresas de arqueología. Asturias fue pionera. Creó un marco laboral nuevo y unas expectativas laborales inéditas, pues hasta entonces la única actividad arqueológica era la ejercida por investigadores universitarios.

-A aquella época se deben grandes éxitos en la materia.

-La Administración puso en marcha otro instrumento esencial: la planificación a medio y largo plazo. Se desarrollaron planes supralocales con excelentes resultados. Cabe recordar el 'Proyecto Gijón', patrocinado por el propio Ayuntamiento; el Proyecto de investigación integrada Nalón medio, promovido desde la Universidad de Oviedo, o el Plan Arqueológico Director de la Cuenca del Navia, que durante más de 15 años ordenó la actividad arqueológica en el occidente de Asturias. Todos supusieron un aumento exponencial del conocimiento que teníamos sobre esos espacios. Asturias se convirtió en una referencia, recuperando en materia de patrimonio e investigación arqueológica un protagonismo que hacía bastante tiempo que no disfrutaba.

-¿Qué ocurrió, entonces, para que pocas décadas después denuncie, en su discurso de entrada en el Ridea, advierta de la conversión de la administración de Cultura en «ineficaz y arbitraria entelequia burocrática».

-Varias cosas. La Consejería de Cultura, creada para ejercer las competencias en esta materia, nunca se actualizó, el perfil de su plantilla y los procedimientos se mantuvieron intactos durante décadas, sin práctica modernización. Cuarenta años después la Administración regional sigue careciendo de etnógrafos, antropólogos e historiadores del arte... En el campo de la arqueología, continúa usando los mismos instrumentos, remozados por la Ley autonómica de 2001, pero en su mayor parte ya obsoletos. El procedimiento se fue fosilizando, incorporando rutinas burocráticas que nada aportaban a la resolución de problemas cada día más numerosos y complejos. Urge la reorganización del aparato administrativo y del personal técnico que ha de afrontar la gestión de una materia compleja y en continua evolución conceptual.

-Habla de una instrumentalización caprichosa de la arqueología.

-Se dio un fenómeno tremendamente negativo. Durante los primeros años del ejercicio autonómico, quienes ejercían la titularidad política de los departamentos eran, en la toma de decisiones, muy respetuosos con las recomendaciones técnicas. Los políticos, conscientes de las singulares características del patrimonio arqueológico, actuaban atendiendo el consejo de quienes conocían la disciplina y la fragilidad de los bienes sobre los que se trabajaba. Pero esa relación se fue relativizando y pervirtiendo. Mi impresión es que cuando las directrices técnicas pierden peso frente a la arbitrariedad o el capricho político, se producen efectos indeseables sobre el patrimonio. Un mismo problema recibe una solución u otra muy diferente en función de los agentes involucrados o del municipio en el que se encuentre. El ciudadano percibe una situación de inseguridad jurídica que le hace temer cualquier gestión que dependa de estos departamentos.

-A qué se refiere cuando dice que «todo es igual, nada es mejor»?

-Con esa expresión, tomada del célebre 'Cambalache' de Discépolo, quería referirme a la aplicación irreflexiva de la Ley y del procedimiento administrativo. Aquel por el que se determinan las cautelas a aplicar en espacios arqueológicos protegidos. Esto se aplica, por norma, de forma rutinaria y así se producen situaciones extrañas: como que se prescriban los mismos controles arqueológicos sobre una calle levantada reiteradamente durante los últimos años que sobre un solar nunca explorado en el corazón de una ciudad medieval como, por ejemplo, Oviedo o Avilés. Mientras que el primer caso el riesgo de alteración patrimonial es nulo, en el segundo se arriesga una suerte de información irremplazable para conocer el origen y evolución del núcleo urbano. El error está en no jerarquizar el interés de ambas situaciones. La Administración debería esforzarse en este análisis previo e involucrarse, más allá de la fiscalización burocrática, colaborando en la adecuada ejecución de estos trabajos. No puede ser que los profesionales más comprometidos hayan de asumir gastos sobrevenidos ante la evidencia de una pérdida irreversible de información que, evidentemente, merma su competitividad comercial frente a comportamientos más indolentes.

-Cualquier intervención en su campo necesita autorización y estar de acuerdo a un proyecto que tenga el visto bueno del Consejo de Patrimonio Cultural o su Comisión Permanente. ¿Les faltan medios?

-El volumen de asuntos que ha de resolver la Consejería de Cultura se incrementó de una forma exponencial y los medios para tramitarlos siguen siendo los mismos que hace décadas. Así es muy difícil atajar y dar respuesta a los problemas en plazo razonable. Al mismo tiempo, impide una reflexión adecuada sobre cada cuestión. Cabe esperar que si se lleva adelante la reforma del aparato administrativo autonómico alguna de estas cuestiones que percibimos como graves deficiencias puedan encontrar vía de solución.

-La expansión cuantitativa de las excavaciones ha acarreado un menor conocimiento de lo investigado.

-Esa fue la conclusión de quienes, como Rodríguez Temiño, estudiaron esta materia en el ámbito nacional. Se produjo un aumento exponencial de las excavaciones, que no vino acompañado de una progresión en el conocimiento histórico. En principio, los promotores debían sufragar proyectos que contemplasen la excavación, restauración y difusión de los bienes patrimoniales, pero estos fines quedaron restringidos desde el comienzo a tareas exclusivas de rescate o documentación. Muchas empresas dedicadas a la arqueología lo único que pueden contemplar en sus presupuestos son las labores de excavación. En conjunto, las intervenciones proporcionan un volumen de material infinito, inabordable para ellos. Eso engrosa los fondos de los museos de forma regular pero, por desgracia, sin otra aportación más que su mera existencia, a la espera de futuros proyectos de investigación que casi nunca llegan.

-En resumen: las soluciones coyunturales han pasado a ser el procedimiento habitual.

-Habría que procurar una racionalización de las excavaciones, de tal forma que aquellas que sean imprescindibles puedan ser desarrolladas con todas las garantías para que culminen en un mejor conocimiento de los bienes que se han visto afectados.

-Hace poco volvía a saltar a los titulares la Campa Torres. El Ayuntamiento de Gijón ha contratado la ordenación de todo el material acumulado en cajas, parte del cual fue descubierto en 2010 olvidado en un cajón.

-Me parece una noticia excelente que el Ayuntamiento vuelva a tomar la iniciativa en la Campa Torres, que es un gran yacimiento. Gijón ha reclutado un equipo con la máxima cualificación en el que participan destacados especialistas. Estoy seguro de que el resultado será un éxito y sumará datos de enorme interés acerca de un yacimiento que es referencia indispensable para el estudio de la Edad del Hierro y la más temprana romanización en Asturias.

-En 1995 se hizo cargo de las excavaciones del Chao Samartín. La cosa no acabó bien con la Administración y hace poco firmaba una carta pidiendo la paralización del proyecto que se va a acometer.

-No, lo que pedíamos más de un centenar de especialistas internacionales era que los promotores del proyecto tuvieran en consideración las recomendaciones que habían expresado los comités científicos de organismos tan relevantes como ICOMOS España, ICOMOS Comité Internacional de Itinerarios Culturales o la Asociación Española de Conservadores y Restauradores de España. Pedimos que atendieran los dictámenes en los que se advierte de los efectos negativos que la ejecución de este este proyecto puede tener sobre valores que hacen del Chao un yacimiento único, extraordinario. A nadie se le ocurriría coger un viejo pergamino y, como está deteriorado, completar el texto, repasarlo a bolígrafo y plastificarlo después para «mejorar su lectura y preservación». Eso es lo que se va a hacer en el Chao. Se va a repasar un documento con 3.000 años de historia. Allí, los muros muestran en sus desplomes y grietas la impronta de los acontecimientos que marcaron su historia, interpretar estas heridas como patologías a corregir es borrar la huella del pasado, precisamente aquella de la que se sirve la Arqueología para construir su discurso.

-Todo se resume en que quienes toman las decisiones no son profesionales de la arqueología. ¿La solución?

-Me consta que el equipo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, con Pablo León al frente, que es una persona sensata y con sólida formación, está haciendo un gran esfuerzo por racionalizar el trabajo administrativo y preocupado por mejorar las condiciones de nuestro patrimonio. Pero en el caso del Chao Samartín creo que se equivocan.