De las cifras exageradas a la oportunidad perdida contra la pederastia en la iglesia

El obispo José Munilla, por su parte, dijo que «no es de recibo que el Parlamento español solicitase al Defensor del Pueblo una investigación sobre los abusos sexuales en el seno de la iglesia» y que «el único dato objetivo» del informe es el de «487 nuevos casos de abusos (...) que se añaden a los 1.430 casos anteriormente conocidos».

Acompaña a Omella en la «más rotunda condena a cualquier abuso cometido en el seno de la iglesia, unida al firme compromiso de continuar tomando todas las medidas necesarias para que la iglesia sea un ámbito seguro» y se pregunta «¿por qué el Parlamento no solicitó, ni antes ni ahora, investigar el resto de los casos».

Otras organizaciones, como Europa Laica o Plataforma Tolerancia 0, lamentan que «no se hayan investigado a fondo los archivos canónicos ni el encubrimiento cometido por la jerarquía católica de forma generalizada y sistemática». Para estas asociaciones, algunas encabezadas por víctimas como Miguel Hurtado, mantienen que la labor del despacho de Gabilondo ha sido «una oportunidad de oro perdida» y que «el Estado quien debe exigirle (a la iglesia) la reparación de las víctimas».

El resultado del trabajo del Defensor del Pueblo, a su juicio, «no garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición», insisten. «Rechazamos lo que se refiere a las indemnizaciones a las víctimas de abusos eclesiales. Pretender que se haga cargo de ellas el Estado es inaceptable. Sólo faltaba eso».

Unos y otros ponen en tela de juicio las cifras de «cientos de miles» inferidas de una encuesta remitida en el documento de Gabilondo. Van del puñado de víctimas esgrimidas por los partidarios de la iglesia, entre el 0,6% y el 1,3% indicado en el informe, o entre el 4% y el 10% de las plataformas de personas que han sufrido estas agresiones.