El Gobierno aprueba la ley de Ciencia tras una década de recortes

La nueva normativa se compromete a satisfacer una sentida demanda de científicos y universidades, de modo que elevará de manera progresiva la inversión del Estado en I+D+i hasta alcanzar en 2030 el 1,25% del PIB -en la actualidad se encuentra en el 0,58%-, el objetivo recomendado por la Comisión Europea. «Con el apoyo del sector privado, se podrá llegar al 3% que establece la Unión Europa», señaló la titular del departamento.

Para mejorar las condiciones laborales, el texto introduce una nueva modalidad de contrato indefinido que no necesitará autorización previa si dispone de financiación externa o ayudas oficiales obtenidas en concursos. Esta modalidad contractual no depende de los topes de la oferta pública y a ella podrán optar licenciados, graduados con máster, técnicos superiores y doctores, y deben adjudicarse por mérito y capacidad. Se acogerán a ella miles de investigadores que hoy están sumidos en la incertidumbre de concatenar durante años contratos temporales o de obra y servicio.

El anteproyecto prevé medidas para los científicos más jóvenes -doctorandos o investigadores predoctorales-, a quienes reconoce el derecho a la indemnización por despido de 12 días de salario por año trabajado. Este derecho, tal y como confirmó recientemente la ministra de Ciencia e Innovación, será también para los contratos vigentes a la entrada en vigor de la nueva ley.

El proyecto, que revisa la ley de 2011, incorpora como novedad la evaluación de la actividad investigadora en un período de cinco años. Tal evaluación puede computar en la retribución salarial y se extiende a todo el sistema público de ciencia y universidades, al tiempo que se arbitra la posibilidad de que los investigadores pueden presentar méritos también alcanzados en el extranjero.

Según Morant, el sistema de ciencia e innovación no se ha repuesto de la destrucción de miles de plazas públicas que supuso la crisis económica que comenzó en 2008, un lastre que se ha traducido en el envejecimiento de las plantillas y en la «generación de un tapón para toda una generación de investigadores». «España da un paso definitivo para salir de la crisis por la puerta del futuro, apostando por la ciencia y la innovación como pilares de transformación de nuestro país», aseveró la ministra.

Una medida estrella consiste en la apertura de un itinerario para que los investigadores con doctorado puedan iniciar una carrera profesional estable mientras logran una plaza pública permanente. Se crea un contrato de acceso a la carrera, con duración de tres a seis años, pero que ampliará su tope con los permisos por embarazo y crianza, violencia de género o cuidados de familiares.

A partir del segundo año, la investigación de los doctores será evaluada. En caso de resultado satisfactorio, mejorarán su salario y se les concederá un certificado de «investigador establecido». Así las cosas, podrán competir por una reserva de entre el 15% y el 25% de los puestos públicos de investigador, al tiempo que se les eximirá de parte de las pruebas de las oposiciones a una plaza funcionarial. Se busca garantizar de esta manera el trayecto de investigadores competentes hasta las plazas públicas, dado que en una década se jubilarán unos 25.000 científicos.

La transferencia de conocimientos a empresas se premiará con sueldo y promoción. Además, las administraciones públicas podrán patrocinar 'startups' que desarrollen los hallazgos, mientras que los procesos de selección y evaluación deberán garantizar igualdad de oportunidades a quienes han asumido permisos de crianza o de cuidados. Por añadidura, los propios comités de evaluación deberán tener un mínimo de un 40% de mujeres.