La ley de Ciencia, lista para el próximo curso

La práctica totalidad de partidos han sido capaces de alcanzar un amplísimo consenso parlamentario, prácticamente un pacto de Estado, sobre una política básica para el desarrollo económico y social del país como es la investigación y la innovación. El pleno del Senado tiene previsto aprobar hoy la ley de Ciencia sin un solo voto en contra y con el sí de la gran mayoría. El acuerdo no será absoluto, pero casi. Ni siquiera Vox votará no. Dirán sí PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, EH Bildu, Más País y varios minoritarios.

Si no hay cambios de última hora, Vox, PNV y JxCat se quedan en la abstención. Los de Santiago Abascal porque denuncian tintes ideológicos en el proyecto y los nacionalistas porque ven serios riesgos de intromisión de la ley estatal en sus competencias.

La ley se marca como objetivos alcanzar el volumen de inversión anual pública en I+D+i de la UE, paliar la precariedad del trabajo científico y abrir una vía para que los jóvenes puedan transitar con seguridad hacia una plaza pública permanente en una universidad o centro de investigación, bien sea laboral o funcionarial. Quiere cortar las fugas de talento científico y, en lo posible, traer de regreso a parte de estos investigadores y a profesionales extranjeros de prestigio. Suprime burocracia, incluye medidas contra la brecha de género, y premia con incentivos e inversiones la transferencia directa del conocimiento y la innovación a las empresas.

Con esta reforma e inyección económica busca blindar a un sector que considera «estratégico», pero maltratado por los poderes públicos la pasada década, con un fuerte recorte de la oferta de empleo y con inversiones a la cola de la UE. Un mordisco de más de 20.000 millones que trajo un envejecimiento de plantillas y una precarización de la carrera, con la proliferación de interinidades, contratos por meses y hasta por días, inseguridad laboral y sueldos ridículos. Entre 2011 y 2016 se perdieron 5.000 puestos de investigador y huyeron al extranjero otros tantos jóvenes talentos, en busca de una carrera que su país les negaba.

La ley atiende la reclamación más reiterada de científicos y universidades. Se compromete por escrito a igualar la inversión en investigación e innovación que hacen los países de la UE, que es tanto como asegurar que, en menos de una década, duplicará los fondos públicos que ahora destina a I+D+i. Elevará de forma progresiva la inversión hasta alcanzar en 2030 el 1,25% del PIB, el objetivo recomendado por la Comisión Europea. Es una promesa ambiciosa, pues el dinero público que España aporta al sistema de investigación y desarrollo ronda hoy el 0,58% del PIB. Si el Estado cumple y los inversores y empresas privadas mejoran en consonancia su escuálida aportación actual, la investigación y la ciencia españolas deberían recibir en 2030 una financiación del 3% del PIB entre fondos públicos y privados. El mismo porcentaje al que aspiran los principales socios europeos.

Crea un contrato indefinido para científicos, gestores y técnicos de grupos o proyectos de investigación que cuentan con financiación externa o ayudas oficiales obtenidas en concursos. No depende de los topes de la oferta pública, pueden optar licenciados, máster, técnicos superiores y doctores, y deben adjudicarse por mérito y capacidad. Beneficiarán a miles de investigadores que hoy viven con la incertidumbre de encadenar durante años contratos temporales o de obra y servicio.

Abre un itinerario previsible para que los investigadores con doctorado puedan iniciar una carrera profesional estable mientras logran una plaza pública permanente. Se crea un contrato de acceso a la carrera, con duración de tres a seis años, pero que ampliará su tope con los permisos por embarazo y crianza, violencia de género o cuidados de familiares. A partir del segundo año, la investigación de los doctores será evaluada. En caso de resultado positivo, mejorará su salario y les facilitará un certificado de «investigador establecido». El estatus les permitirá competir por una reserva de entre el 15% y el 25% de los puestos públicos de investigador y les liberará de parte de las pruebas de las oposiciones a una plaza funcionarial. Se busca asegurar el trayecto de investigadores competentes hasta las plazas públicas porque en una década se jubilarán unos 25.000.

Mejora las condiciones de los investigadores predoctorales con una indemnización de 12 días por año al término del contrato. También restringe el contrato de «investigador distinguido», sea español o extranjero, a científicos de reconocido prestigio y reputación internacional consolidada que vengan a ejercer de director de equipo o de centro.

Para minimizar la burocracia que atasca el trabajo científico, simplifica la justificación de las subvenciones y permite ayudas directas a proyectos que ya han sido evaluados por otros agentes públicos españoles.

La transferencia de conocimientos generados por los grupos de investigación a empresas se premiará con sueldo y promoción y las administraciones públicas podrán patrocinar 'start-up' que desarrollen los hallazgos.

Los procesos de selección y evaluación deberán garantizar igualdad de oportunidades a quienes han asumido permisos de crianza o de cuidados, en su absoluta mayoría científicas, y los propios comités de evaluación deberán tener un mínimo de un 40% de mujeres.