Cien mil asturianos pasan a cobrar del Estado por la crisis del coronavirus

El coronavirus ha supuesto un duro golpe para la economía de muchas familias y también lo será para las arcas públicas, que más allá del coste sanitario que supone la pandemia han visto en mes y medio dispararse las prestaciones y las ayudas a las que tiene que hacer frente. En el caso del Principado, en apenas 50 días, cerca de 100.000 asturianos han pasado a depender de los ingresos del Estado. Son los casi 11.000 nuevos parados registrados entre marzo y abril, pero también más de 59.000 empleados afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y cerca de 30.000 autónomos que han solicitado la ayuda por cese de actividad. Se trata de un verdadero cataclismo económico para una comunidad que cuenta con poco más de 350.000 cotizantes (entre ellos se contabilizan los trabajadores por cuenta propia que se han acogido a ayudas y el personal regulado).

Sin embargo, la cifra de asturianos cuyos ingresos dependen de fondos públicos es muy superior y con los efectos del coronavirus se ha disparado hasta rozar la mitad del algo más de un millón de habitantes de la comunidad. Casi 500.000 personas en las que se integran los nuevos parados y los que ya recibían algún tipo de prestación, el personal regulado, los autónomos que han pedido el cese de actividad y también los pensionistas, los funcionarios y los beneficiarios del salario social.

Según reveló el Ministerio de Trabajo el pasado martes, los afectados por un ERTE en la región son 59.221, aunque miles de ellos siguen denunciando que no han recibido aún la prestación del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), que se ha visto colapsado estas semanas. De todos ellos, 53.135 están afectados por un ERTE de fuerza mayor y, por tanto, se trata de un expediente solicitado específicamente por la crisis del coronavirus, y otros 6.086 tienen otras justificaciones, aunque en muchos casos aquellos presentados por causas económicas, productivas u organizativas también son como consecuencia del COVID-19.

Por detrás de ellos se sitúan casi 30.000 autónomos que han solicitado el cese de actividad por el cierre de sus negocios o la caída en picado de ingresos. En concreto, el Principado informó de que 27.478 ya están cobrando esta ayuda, mientras que otros se encuentran a la espera. Al menos 28.952 trabajadores por cuenta propia de la comunidad han realizado la solicitud.

El otro gran bloque es el de los nuevos parados, que tienen derecho a prestación, incluso si no habían cotizado el tiempo que se requiere para ello. Entre marzo y abril las oficinas de empleo de la región cuentan con 10.853 desempleados más, suma de 6.342 de abril y 4.511 de marzo. Junto con los perceptores de subsidios por desempleo que ya había antes de la pandemia, 37.636 desempleados cobran algún tipo de prestación.

Quedan sin cuantificar, pero también habría que añadir a estos grupos, las empleadas de hogar y los temporales incluidos en ERTE, que disponen de ayudas extraordinarias.

Sin embargo, en Asturias, el grueso de personas que recibe sus ingresos del Estado es el de los pensionistas: 272.309. Dentro de ellos, la mayoría son jubilados, 178.907; seguidos de viudas, 54.993; aquellos que reciben una paga por incapacidad permanente, 28.484; orfandad, 8.195, y las pensiones en favor de familiares, 1.730.

Además, según la última Encuesta de Población Activa, hay 79.900 trabajadores en el sector público, que cobran, por tanto, de las administraciones. A estos habría que sumar los 22.000 beneficiarios en Asturias del salario social y un número indefinido de personas que están de baja o cuentan con permisos laborales sufragados por la Seguridad Social.