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A diario más de 15 niños y adolescentes denuncian haber sido víctimas de abuso sexual ante la policía y los jueces. En 2020 fueron 5.865 las denuncias con menores víctimas, algo menos que en 2019 (6.153 acusaciones formales) porque los centros de detección ... fuera del ámbito familiar, como los colegios y los centros de salud, estaban cerrados, indica el informe ‘Los abusos sexuales hacia la infancia en España’, presentado ayer por Save the Children. Este tipo de delitos contra niños representan más del 50% de los casos contra la integridad sexual registrados. «Son cifras para la vergüenza», afirma Andrés Conde, director general de esta ONG. «Se trata de un problema invisibilizado y desatendido desde el ámbito político y judicial».
Las acusaciones que sí llegan a los juzgados encuentran otro tipo de veto, que hace que sea sobreseído el 70% de los casos en los que los niños agredidos sostienen la denuncia con su propia voz, según el estudio basado en el análisis de 432 sentencias dictadas en 2019 y 2020. Es decir, cerrados en falso. «El sobreseimiento sucede porque no se le da suficiente credibilidad al testimonio del niño o los jueces entienden que no es suficiente», analiza Conde. «Esto se debe a que el menor debe prestar hasta cuatro testimonios sucesivos en el tiempo (hasta cinco años), que hace que lo vivido no lo relate con absoluta fidelidad, e introduzca cambios completamente normales. Tenemos un problema grande de dar crédito a lo que relatan los niños en hechos tan graves».
Los menores abusados deben declarar al menos en el juzgado de guardia, ante el psicólogo forense (que puede interrogarle en varias sesiones), en el juicio... ¿Por qué? En la mayoría de los casos (77%) no se practica la prueba preconstituida, es decir, aceptar como prueba válida el primer testimonio del niño o adolescente, especifica Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children.
«Las declaraciones tienen lugar en espacios no amigables. Hostiles y amenazadores, como comisarías, sedes judiciales o juzgados, que los niños identifican con sitios a donde van los delincuentes. Como ellos se sienten culpables por lo que han vivido y sienten que lo que han sufrido se debe a algo malo que han hecho, estar ahí corrobora ese sentimiento de culpabilidad que siempre tienen», prosigue Conde.
Algunos de estos casos terminan con la rebeldía de la madre, que se niega a cumplir con el régimen de visitas. En ocasiones pierden incluso la patria potestad. ¿Hay seguimiento de los casos de estos niños que terminan viviendo con el padre acusado? «Estadísticamente no tenemos información», responde Conde.
El informe de Save the Children estima que sólo un 15% de los casos se llega a denunciar, y que las víctimas en España podrían situarse entre los 800.000 y el millón, aunque el abuso sexual no sea siempre «carnal».
La primera clave para entender estos delitos es que suceden en el ámbito familiar, y los familiares prefieren blindar al núcleo. En el 84% de los casos el niño conocía a su abusador y tenía una relación previa con él. En el 49,5% los abusos y agresiones se producen dentro de la familia. El agresor es el padre o pareja de la madre en uno de cada cinco casos.
La segunda clave es que empiezan muy pronto. La media de edad de la víctima está en los 11,5 años, mientras que la mayor prevalencia se sitúa entre los 13 y los 16 años.
El tercer punto es que los sufren más las niñas y adolescentes. Ellas representan el 63% de las víctimas.
La cuarta, que el abuso sexual durante la infancia «pasa en todo tipo de familias».
La quinta, los agresores son difíciles de identificar. Sólo el 12,5% tiene antecedentes. Los demás predadores «son ciudadanos integrados en la sociedad y nadie sospecha nada», lamenta Conde.
Por último, son las propias víctimas o sus madres las que denuncian en dos de cada tres casos. Pero a la hora de escuchar a las víctimas «la mayoría de los médicos y psicólogos forenses no tienen formación específica con la violencia de la infancia».
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