A. VILLACORTA
OVIEDO.
Martes, 29 de diciembre 2020, 01:50
María Luisa Carcedo, la impulsora de una ley de eutanasia a la que ya solo falta el trámite de su paso por el Senado en febrero, sacó ayer la artillería pesada para defender el «nuevo derecho civil» recién conquistado en un encuentro digital con ... más de un centenar de asistentes organizado por la FSA. Una charla en la que también participaron Fernanda del Castillo (presidenta de Derecho a Morir Dignamente Asturias) y Ángel Hernández, acusado de un delito de cooperación al suicidio y cuyo caso está en manos de un juzgado de violencia de género por ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple. Y eso, «después de dedicarse a cuidar de ella durante treinta años. Una situación dolorosísima y lacerante» que la parlamentaria calificó de «sarcasmo» y que se hubiese evitado de haber contado con una ley como esta, «muy garantista, en la que solo decide la persona y en la que los plazos máximos también están muy claros: 46 días desde que alguien pide ayuda para morir hasta que la recibe».
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Porque, como defendió la también secretaria de Sanidad del PSOE, «la ley lo que pretende es evitar el sufrimiento». Y así -señaló la exministra- lo entiende también una amplia mayoría de la ciudadanía, donde la opinión favorable a la regulación «pasó del 53% al 83% en los últimos treinta años». Un porcentaje similar al que se da entre los profesionales sanitarios, ya que, «según las encuestas realizadas por los colegios de médicos, más del 80% de ellos están a favor», por lo que «no tiene por qué haber problemas en su aplicación».
«¿Que puede suceder? Puede. Por ejemplo, en el Colegio de Médicos de Madrid ahora hay un tipo que es del Opus Dei», ejemplificó la socialista, consciente de «los ataques reaccionarios» a la llamada 'ley Carcedo', pero que prometió «pelear porque se realice con toda normalidad y toda naturalidad en el Sistema Nacional de Salud» respetando, en todo caso, la objeción de conciencia.
También Ángel Hernández llamó a «estar vigilantes a la aplicación» de la nueva norma. Especialmente, «en lugares donde gobierna la contrarreforma como Madrid, Murcia o Andalucía», donde prevé que haya «quien intente boicotearla, como está pasando con la 'ley Celaá'». Y, de hecho -apuntó Fernanda del Castillo-, «ya hay un bombardeo por parte de la derecha y de la Iglesia».
A la primera, representada por el PP y que «seguro recurrirá el nuevo derecho como antes hicieron con el aborto o el matrimonio gay», la acusó Carcedo de «utilizar los cuidados paliativos como excusa dialéctica», cuando la realidad es que, en ocasiones, «son insuficientes». Y recordó el caso del gijonés Fernando Cuesta, que tuvo que irse a Suiza para morir dignamente «a pesar de contar con todos los paliativos posibles».
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Pero, «muy enfadada», las mayores andanadas fueron las dirigidas a la Iglesia. Y, especialmente, al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes: «Estamos en manos de la extrema derecha. Es lamentable, pero no tienen ninguna compasión ante el sufrimiento humano. Que hagan un día de ayuno, que a algunos les vendrá bien con los panzurrones que tienen, que vayan de rodillas a Covadonga, que crean que la Virgen faise sidra al atravesar la atmósfera o que digan lo que quieran desde sus púlpitos, pero lo que me molesta es que cuestionen la democracia. Porque usted vive en una democracia y tiene que respetar sus reglas».
Quizá tanta virulencia sea -aventuró Ángel Hernández- «porque ellos viven de la muerte y el sufrimiento de los demás». Quizá, porque «pierden poder sobre las vidas de las personas», añadió Del Castillo, enfermera jubilada a la que le indigna especialmente «que algunos médicos digan que a ellos nadie les pide ayuda para morir». «María José, que tenía cuidados paliativos, se lo pedía constantemente», recordó su marido. «Y hoy las cintas con esas grabaciones están en manos de un juzgado».
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