Dos bebés fueron intercambiados en 2002 en las incubadoras del hospital de Logroño

Si la cal es lo bueno y la arena lo malo, a María le dieron arena. A ella le tocó una vida más complicada –al menos a priori– de la que habría tenido que afrontar de no mediar error humano en la maternidad. Ella, defiende su abogado, se vio inmersa en una situación de riesgo, desde 2003, con las discapacidades e incapacitaciones de sus progenitores formales quedando a cargo de su supuesta abuela materna, que se convirtió en acogedora permanente con funciones tutelares.

De 2002 la cronología salta a 2017, cuando María ya tenía 15 años. Ese año, su tutora (la presunta abuela) interpuso una demanda de alimentos contra el pretendido padre, que se negó en redondo a abonar cantidad alguna. El motivo alegado fue que María no era su hija.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Logroño que llevó aquel caso, ante la sospecha de que pudiera ser un argumento falaz, ordenó que el progenitor se sometiera a una prueba de ADN que, de manera insospechada, confirmó (como luego lo harían otros análisis de ratificación) que efectivamente no era el padre biológico. Poco después, y mediante una prueba similar en una clínica privada, los quince años de vida de María comenzaron a desmoronarse y las preguntas a asediarla al conocer que tampoco existía relación genética con quien consideraba que era su madre.

En ese momento (2017), solo tenía claras dos cosas: una, que su libro de familia necesitaba típex para borrar los nombres tanto de su padre como de su madre; y dos, que no guardaba ninguna relación familiar ni con su supuesta abuela materna –con la que continúa viviendo– y tutora prácticamente desde su nacimiento ni con el resto de quienes le han acompañado desde que salió del hospital San Millán de Logroño.

Desde ese momento, María –de la mano del despacho de abogados Sáez-Morga de Logroño– se ha dedicado a buscar las respuestas correctas a todas aquellas preguntas que, con 15 años, ya daba por conocidas. Tras solicitar —y recibir– el beneficio de la mayoría de edad por parte al Juzgado de Familia de Logroño en 2018, se dirigió a la Consejería de Salud –responsable en última instancia de lo acontecido en las instalaciones hospitalarias–. A través de la inspección médica de la Dirección General de Asistencia, Prestaciones y Farmacia, reclamó «la averiguación y determinación de su inequívoca identificación con arreglo al principio de veracidad biológica» y que se le notificara el resultado e identificación inequívoca de sus progenitores biológicos, recuerdan sus letrados.

Salud se declaró «incapaz, técnica y legalmente», para dar respuestas a esas preguntas, si bien sí que abrió un investigación reservada con la que María fue capaz de reconstruir qué sucedió desde el momento de su nacimiento hasta su entrega a una madre equivocada. No solo eso. En el transcurso de esa investigación también fue informada de que nunca conocerá a quien la tenía que haber criado: su supuesta progenitora biológica murió en el año 2018.

Salud estudió los nacimientos inscritos en el hospital San Millán durante una horquilla temporal amplia de 2002; descartó a todos aquellos que no pasaron por la sala de incubadoras; dejó fuera a los varones y, tras analizar fechas, datos médicos y otros elementos, sobre la mesa, y junto al de María, solo quedó la historia sanitaria de Ana: ambas nacieron el mismo día con cinco horas de diferencia; ambas lo hicieron con bajo peso; las dos fueron trasladadas directamente a sendas incubadoras consecutivas (1 y 2) de las que fueron derivadas, un día después, a las cunas 6 y 7. Además, sus grupos sanguíneos son 0+ y A+, compatibles con los de las dos madres.

La investigación de la Consejería sacó a la luz incidencias en las anotaciones de control de peso de ambas niñas durante los dos primeros días y que arrojaron una evolución inesperada que se explicaría en el intercambio de los bebés. A esto, el letrado de María suma otros dos hechos. Uno, que habiendo nacido cinco horas más tarde, el número de su historia clínica es anterior al de la otra bebé; y dos, que cuando María se sometió a las pruebas de ADN para determinar su filiación descubrió que, pese a que en su historia clínica se señala que su grupo sanguíneo es 0+, esos análisis de 2017 certificaron que es A+.

Así, la investigación sostiene que el cambio de bebés pudo llegar a ocurrir «en el momento en el que se decide que ambas niñas pasen de sus incubadoras a cunas, seguramente antes del contacto con sus madres en el lactario, tal y como sugieren la anotaciones en sus fichas».

Con ese informe, y de la mano de la Fiscalía de La Rioja, permanece abierto un procedimiento de filiación que está pendiente de los resultados de las prueba de ADN de su presunto padre biológico, que no puso objeciones a someterse a ella. El análisis se remitió al Instituto Nacional de Toxicología en enero de 2021. El informe aún no ha llegado Palacio de Justicia de La Rioja. El abogado de María no tiene dudas sobre qué dirán los resultados.

De manera paralela a esa vía judicial, los letrados de la afectada han solicitado a la Consejería de Salud el pago de una indemnización de 3.005.060,52 euros en concepto de responsabilidad por daños morales. Si bien esa petición está congelada a expensas de lo que diga el análisis de ADN del presunto padre biológico, sus equipo legal ha tenido acceso a la propuesta de resolución redactada desde Salud. Según su versión, la administración sostiene que no existe una relación de causalidad entre la actuación de Salud y la situación en que se encuentra la afectada; que no se trata de un hecho antijurídico y que María tiene la obligación de soportar la situación actual. Pese a todos esos argumentos, sí ofrece «de manera subsidiaria» el abono de una indemnización de 215.000 euros.

El informe de Toxicología será, a la postre, el que certifique lo que ni en Salud niegan: que alguien cambió las vidas de María y de Ana y que ninguna las podrá recuperar.