Castells plantea a las comunidades una bajada de las tasas universitarias sin concretar cómo financiarla

Llegar a una «una fórmula de consenso» sobre las tasas universitarias en los próximos días que permita rebajar los precios de matrícula a niveles de 2012. Esta es la propuesta que el ministro de Universidades, Manuel Castells, trasladó hoy las comunidades autónomas con competencias en materia de universidad, como medida para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, tras aprobar el Gobierno la eliminación del sistema de horquillas para fijar los precios.

Esta es la principal conclusión que trasciende de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que el Ministerio de Universidades y las consejerías del ramo han analizado por videoconferencia las posibles vías de bajada de las tasas universitarias. Esta propuesta es un primer paso que abre un proceso de modificación progresiva en el resto de las matrículas, incluyendo las de Máster.

Propuesta del Ministerio de Universidades

Entre otros asuntos, se trató el método para establecer el nivel máximo de precios públicos de primera matrícula universitaria en aplicación del Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros de 5 de mayo y que abroga el régimen de horquillas para establecer dichos precios. El sistema abrogado facilitó una brusca subida de los precios en varias CCAA a partir del curso 2011/2012. La propuesta del ministro Castells a la CGPU fue retrotraer el precio máximo al precio existente en cada comunidad en el curso 2011/2012.

La propuesta es un punto programático del acuerdo del gobierno de coalición. El ministro argumentó que «si bien es necesario aumentar los recursos de las universidades, no es equitativo que dicho aumento se produzca a costa de las matrículas que tiene que pagar el estudiantado y sus familias, particularmente en un momento de tanta penuria económica como el actual».

Tras la presentación de la propuesta se produjo un cordial y constructivo intercambio de pareceres que continuará en los próximos días para intentar llegar a una fórmula de consenso, tal y como viene siendo la política de este ministerio, basada en el respeto de la autonomía de las universidades y de las competencias de las Comunidades Autónomas.