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P. LAMADRID
GIJÓN.
Sábado, 28 de marzo 2020, 03:01
Los profesionales que asesoran a las empresas a la hora de tramitar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) reclaman, desde hace días, una mayor claridad en los criterios para la gestión. La ausencia de una pauta única, advierten, se traducirá en ... la apertura de numerosos procedimientos judicuales a largo plazo. «La autoridad laboral debería determinar criterios claros y concisos sobre qué es una causa de fuerza mayor» -que genéricamente se define como aquella que imposibilita continuar con la actividad-, explica Javier Hurlé, vocal del Colegio de Graduados Sociales de Asturias. El caso más claro es el de los negocios que han tenido que bajar la persiana al no estar incluidas entre los servicios esenciales, que el Gobierno concretó en kioscos y medios de comunicación, farmacias, tiendas de alimentación, estancos y pocos más.
Pero hay otras pymes y compañías de mayor tamaño que no se enmarcan en esta situación, pero tampoco pueden mantener su labor por distintas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción como conscuencia de la crisis del coronavirus. Estas reciben menos ayudas y bonificaciones por parte del Gobierno que aquellas que alegan causas de fuerza mayor, por lo que Hurlé aventura numerosas reclamaciones a la Administración una vez que finalice la crisis sanitaria. «Supongo que esto derivará en una gran litigiosisdad a largo plazo porque las consecuencias económicas para las empresas son descomunales» apunta.
También augura un notable aumento del trabajo en los juzgados por esta causa el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Asturias, Carlos Rodríguez-Noriega. «Va a haber problemas porque el real drecreto tiene una claúsula adicional que establece la obligatoriedad de mantener durante seis meses el empleo cuando desaparezcan las causas del ERTE. Pero, ¿van a poder las empresas hacerlo?», señala.
Precisamente para agilizar la tramitación de los ERTE, las tres cámaras de comercio se ponen a disposición del Principado «para colaborar en su urgente resolución». Para ello, pondrían a trabajar sus recursos humanos y materiales para ayudar al Gobierno y minimizar así los efectos nocivos.
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