3.260 cadáveres a la espera de un nombre

El de Edita no es un caso aislado. Según datos del Centro Nacional de Desaparecidos, 3.260 cadáveres están a falta de identificación. «Ocurre en toda España y es por una razón -se duele Amills-. No hay plazos para la identificación de un cadáver, lo que en la práctica supone que muchas familias tardan hasta seis meses en recuperar el cuerpo de su padre, su hijo, un sobrino». Y eso a pesar de que un contraste de ADN tarda 24 horas en realizarse o cuando hay indicios de criminalidad, el resultado se conoce en días. «No es una cuestión de indiferencia, pero sí de falta endémica de medios técnicos y humanos. Conozco a gente que se ha tirado semanas buscando a un familiar que lleva en el cajón frigorífico desde que se le perdió la pista».

Es el caso de Raúl Casero, atropellado en la M-40 el mismo día que se denunció su desaparición y enterrado en una fosa común dos años más tarde con otros cuatro cuerpos sin identificar, hasta que su familia logró desentrañar la madeja. También de la 'Dama del Camello', cuyo cuerpo arrojó la marea a la popular playa de Santander en 2001 y a la que todavía no se ha podido asignar un nombre. O el de Jon Anza, el etarra que sufrió un infarto en un parque de Toulouse y murió 13 días más tarde. Su cuerpo sin documentación -y sin que nadie lo hubiera reclamado- pasó un año en la morgue hasta que el cruce de datos entre las bases de desaparecidos de Francia y el listado de cadáveres sin identificar permitió atar cabos.

Los tres últimos casos tienen en común ser anteriores a 2011, un año marcado en rojo en la memoria de José Carlos Beltrán, jefe del Grupo de Necroidentificación y Retrato Robot de la Policía Nacional. Fue entonces cuando entró en funcionamiento la base de datos de Personas Desaparecidas y Restos Humanos (PDyRH), un registro donde se vuelca la información relativa a estos casos y al que están conectados todos los cuerpos de seguridad del Estado y las Policías autonómicas. Un «paso de gigante», define Beltrán, en la labor de la Científica, que es quien acude donde ha aparecido el cuerpo, y analiza cómo y de qué manera estaba colocado, qué objetos había alrededor, recaba testimonios...

Ellos dibujan el cuadro general. Su día a día discurre entre inspecciones oculares y el cotejo de señas particulares a partir de muestras de ADN, huellas dactilares y fórmulas dentarias. «Un cadáver sin identificar pertenece, por lo general, a alguien cuya desaparición ha sido denunciada y nuestro trabajo consiste en hallar un vínculo entre ambos».

El problema es cuando se carece de datos pre mortem, debido por ejemplo a la situación de desarraigo extremo en que vive la víctima. O a la naturaleza clandestina de sus actos, como ocurre con los cadáveres que llegan por decenas a las costas canarias o andaluzas, consecuencia del hundimiento de pateras, y que acaparan «una tercera parte» de esta sórdida estadística. La suya es una batalla contrarreloj para tratar de recabar toda la información posible de esos cuerpos antes de que el juez dictamine que se pueden inhumar. «Como el Real Decreto de Policía Mortuoria nada especifica sobre la conservación de los cuerpos, es muy posible que acudas al cementerio para hacer alguna prueba al cuerpo enterrado hace años que te permita por fin identificarlo y te encuentres con que lo incineraron para ganar espacio».

No es su única demanda. Dos terceras partes de los cadáveres anteriores a 2011 a los que no han sido aún capaces de poner nombre, pertenecen a españoles. «Facilitaría mucho las cosas aplicar un sistema automático de identificación de huellas dactilares, las mismas que dejamos en el DNI», algo de momento en estudio a la espera de que se le busque encaje en la Ley de Protección de Datos. De la importancia de esta medida dan fe los 827 desaparecidos anteriores a 2010, una cifra que se reduce año tras año pero que a su vez incorpora nuevos casos que no estaban introducidos en el sistema PDyRH.

Beltrán también destaca la necesidad de «una red informática que agilice con Policías de otros países la interacción de datos entre personas desaparecidas y cadáveres sin identificar, algo difícil cuando países tan avanzados como Francia o Alemania no cuentan con nada parecido al PDyRH. «Es muy frustrante cuando compruebas que las cosas se pueden hacer mejor. Hay una ruptura entre el legislador y el especialista que entorpece a menudo la resolución de los procedimientos», afirma.

Pedro Herranz, jefe del Grupo de Desaparecidos de la Policía Nacional, coincide con su compañero en que el actual sistema de datos, con alertas cada siete días que informan de posibles avances en las investigaciones, ha marcado un punto de inflexión. «A nivel policial, no tenemos queja. La Judicial y la Científica comparten sus datos, y lo mismo ocurre con la Guardia Civil, los Mossos o la Ertzaintza. Si el engranaje no está bien engrasado, perdemos todos, y más en un escenario como el de las desapariciones, donde las primeras 48 horas resultan vitales, como tantas veces queda de manifiesto con ancianos aquejados de Alzhéimer o con personas con antecedentes autolíticos (suicidas)».

¿Y qué opina Herranz de la coordinación con los anatómico forenses? «Podría ser mejor, más inmediata», dice, al tiempo que recuerda que estos dependen del Ministerio de Justicia y ellos, del de Interior, lo que al menos visto desde fuera no contribuye a agilizar los procedimientos. Amills coincide en señalar que este es el auténtico talón de Aquiles del sistema. «Llevamos años solicitando que se establezca un plazo máximo de 30 días para que los Anatómicos contrasten sus averiguaciones y entreguen los cuerpos a las familias, y hasta ahora ni siquiera hemos recibido respuesta. Eso tiene un nombre: falta de voluntad política».

Patricia Alcaraz es especialista en Medicina Legal y experta en Valoración de Daño Corporal que trabaja en los juzgados de Bilbao. Para ella, que ha intervenido en casos como el de Diana Quer o Manuela Chavero, el problema que subyace es una falta de medios que lleva a dar respuesta inmediata a los casos más mediáticos, aplazando la resolución del resto. «Le pondré un ejemplo. Cuando desapareció Blanca Fernández Ochoa necesitaron menos de una semana en concluir que era suicidio. Sin embargo, conozco el caso de un abogado que murió al chocar con un camión y tardaron cinco meses, cinco, en descartar que tuviera drogas en sangre, lo que impedía a su viuda cobrar del seguro. ¿Mala fe? En absoluto. Mucha gente piensa que los únicos casos que hay son los que salen en televisión, y no es así. El volumen de trabajo es enorme y si todas las pruebas toxicológicas tienen que pasar por Madrid, el cuello de botella está servido».

Los forenses, explica Alcaraz, deben determinar la identidad del cadáver y las circunstancias que han rodeado su muerte, para lo que les someten a pruebas de ADN y a inspecciones exhaustivas de marcas, hematomas o daños. También recuerda que cuando hay indicios de criminalidad existe un secreto de sumario y el cadáver se debe retener, «entre otras cosas porque el culpable puede estar entre sus familiares o su entorno próximo. Y así ocurre muchas veces». El protocolo, en definitiva, siempre retrasa, «pero debe haber un orden».

«La solución a un tema de esta gravedad sólo puede llegar por la vía legislativa», señala Rafel Bruguera, artífice de la Comisión del Senado que en 2014 marcó la hoja de ruta sobre la problemática que planteaban estos casos, y que ahora espera ver aprobado en el Congreso un Estatuto de la Persona Desaparecida que aborde desde la definición de ese término hasta una modificación de los plazos para hacer una declaración de ausencia o de fallecimiento.

«No se puede esperar para aliviar el dolor de estas familias. Y más cuando el 66% de los que desaparecen son ancianos con enfermedades neurodegenerativas, que salen de casa sin documentación y que hasta que se localizan, vivos o muertos, causan una zozobra tremenda a sus familias. Yo lo comparo con los accidentes de tráfico. Antes del carné por puntos, las cifras de muertos en carretera eran monstruosas. Lo peor es que la gente estaba resignada ante esa fatalidad, como si fueran el peaje a pagar por nuestro sistema de vida. Y no puede ser así».