Los años de la crisis dejan unos servicios sociales más reducidos y peor financiados

Los servicios sociales en España van a peor. Tras los años de crisis económica están peor financiados y ofrecen una asistencia más reducida en una época en la que el número de potenciales destinatarios han aumentado, según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Su índice DEC (Derechos, Economía y Cobertura) de 2015 obtiene la peor nota un 4,25 de sus cuatro ediciones. Ocho millones de españoles, reivindican, dependen de ellos. Aunque no todos se enfrentan a los mismos problemas; las diferencias entre comunidades autónomas, aseguran, son abismales.

«Nos encontramos con unos servicios sociales que se han debilitado pese a ser el momento en el que más se necesitan», ha asegurado José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, durante la presentación de su índice DEC, que elabora un ranking en base a una treintena de indicadores. «Los recortes acumulados a estas partidas son de más de 2.000 millones de euros por parte de la administración central, de más de 5.000 millones entre las comunidades autónomas y de unos 1.000 millones por parte de las administraciones locales». Estas cifras se refieren a la suma de lo que se ha dejado de gastar desde el mejor año, 2009. Aun así, aclaró, los recortes parecen haber acabado, aunque todavía no se ha visto una recuperación sustancial de las partidas presupuestarias destinadas a estos ámbitos.

Los datos del índice DEC pintan una imagen muy desigual de los servicios sociales en España. «Hay una comunidad excelente, el País Vasco, y otras dos que lo hacen muy bien, Navarra y Castilla y León», ha afirmado Gustavo García, coordinador del informe. Otras han mostrado una tendencia de fuerte deterioro en los últimos cuatro años, como Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña -«que en pocos años han destrozado sus servicios sociales y de dependencia», aseguró García.

También las hay que siempre han obtenido malos resultados y siguen igual, sin aparente intención de mejora. La que sale peor parada de la comparación, explican desde la asociación, es la Comunidad Valenciana. «Sencillamente es que han pasado. No creen que sea una cuestión de derechos, sino algo que debe atender la beneficencia. El caso valenciano es extremo», ha indicado García.

«Es muy preocupante la gran disparidad que existe entre territorios», ha aclarado el coordinador del índice. Achacan las grandes diferencias no solo al gasto, sino a cómo se gestionan. En algunas comunidades gastan menos y obtienen servicios mucho mejores. Parte de la solución, ha explicado Luis Barriga, especialista en Dependencia de la asociación, pasa por descentralizar los servicios, por gestionarlos de forma más local. «Sabemos que descentralizar, en este caso, es algo positivo, que ayuda a la eficiencia económica y al gasto inteligente», ha apuntado.

Frente a esta situación, y tras reconocer que el Grupo Parlamentario Popular no se ha reunido con ellos en toda la legislatura, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales han reivindicado incluir el acceso a estos servicios dentro de la Constitución, aprobar una ley marco que reduzca las desigualdades entre comunidades y revocar el artículo de la reforma de la ley de administraciones locales, que les retira competencias sobre esta materia.