La reforma de la Ley de Montes 'incendia' a las organizaciones ecologistas

La reforma de la Ley de Montes, cuyo proyecto fue aprobado recientemente por el Gobierno, tiene como objetivos «contribuir a la conservación de la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático, y el aprovechamiento económico de los montes». Sin embargo, el texto que ahora tendrá que pasar por el Congreso y el Senado era esperado con temor por los colectivos ecologistas al dejar en manos de las comunidades autónomas la potestad de autorizar la construcción en los montes arrasados por los incendios forestales.

La ley ahora en vigor, aprobada en 2006, prohibe el cambio de uso forestal de las zonas incendiadas al menos durante 30 años. De esta forma se evitaba que se provocaran incendios forestales con fines especulativos con la recalificación del uso del terreno. La nueva normativa echa por tierra esta medida disuasoria al fijar que las comunidades «podrán acordar cambios de uso forestal en zonas incendiadas, justificando la existencia de un interés general prevalente y mediante el establecimiento de medidas compensatorias».

Partiendo de esta premisa, lo conservacionistas denuncian que «existe el riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para permitir la construcción en zonas quemadas». Tal como apuntan desde SEO/BirdLife, el nuevo texto deja «conceptos abiertos a interpretación» que podrían favorecer la actuación de pirómanos con fines especulativos.

Sin embargo, la propia ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, defiende ese cambio en el uso de suelos incendiados cuando «concurran razones imperiosas de interés público». Esto, según la titular del departamento, pretende «disuadir» de fuegos intencionados, dado que se incluirán importantes sanciones para los infractores, multas que podrían llegar al millón de euros.

Otro de los asuntos denunciados por los ecologistas son los cambios relacionados con la actividad cinegética recogidos en el proyecto de reforma. El texto contempla la elaboración de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que regula el reconocimiento de licencias 'multiautonómicas', la creación del registro de infractores de caza y pesca y las actuaciones sanitarias en especies cinegéticas. Para Ecologistas en Acción esto responde a la «importante relación» entre el Ministerio y el Partido Popular «con el sector cinegético, al que favorece con estos cambios. Supone además una invasión en competencias autonómicas».

Por el contrario, la medida es bien recibida por los cazadores. La posibilidad de tener una licencia única para cazar en varias comunidades autónomas era una "reivindicación histórica" de la Real Federación Española de Caza, tras la desaparición hace 30 años de la licencia nacional.

El presidente de la RFEC, Andrés Gutiérrez Lara, recordó que esta es una de las peticiones trasladadas a Agricultura hace dos años, porque "la licencia única es algo absolutamente necesario para el colectivo de cazadores. Era un disparate tener que sacar 18 licencias diferentes. Esto era equivalente a tener que tener 19 carnets de conducir, incluyendo Melilla".

El máximo responsable federativo también destacó la creación de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que permitirá que se coordinen los aspectos cinegéticos que afecten a varias Comunidades. Así espera que ponga fin a "situaciones como la de abatir una acuática en un margen de un rio que hace de frontera territorial, pudiera ser delito y en el margen contrario absolutamente legal".

Respecto al Registro Español de infractores de Caza y Pesca, Lara destacó que "elimina serios quebraderos de cabeza, ya que, hasta el momento, una persona con una sanción grave en materia cinegética en una comunidad autónoma a la que se le había retirado la licencia podía cazar con absoluta libertad en cualquier otra y esto no se podía tolerar"

Planificación forestal

Por otra parte, los ecologistas consideran que la reforma de la Ley de Montes supone también "un grave retroceso en la exigencia de una adecuada planificación forestal". En la ley aun vigente se establece la obligatoriedad de que todos los montes cuenten con un instrumento de gestión; sin embargo, con este proyecto "se elimina dicha obligatoriedad", apuntan Ecologistas en Acción.

En el artículo 33 se establece que las comunidades autónomas decidirán en qué montes privados será obligatorio este instrumento de gestión y en la disposición transitoria segunda se amplía a 25 años el plazo para tener un instrumento de gestión forestal, "lo que supone en la práctica casi eximirles de dicha obligatoriedad. Además se da un trato de favor a los aprovechamientos forestales de crecimiento rápido, ya que se les permite gestionar estos cultivos según su propio criterio"

En este punto, el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Álamo, mostró la "positiva valoración" del proyecto de ley pues «actualiza la legislación sobre los montes en el sentido de incorporar los montes al capital natural de las infraestructuras verdes y la consideración de los servicios ambientales que prestan los montes como un activo que puede revitalizar la economía del monte».

Del Álamo celebra, además, la puesta en valor de los recursos del monte tradicionales como «la madera, la resina o la caza», así como de los servicios ambientales que, a su juicio, «tienen también un valor de mercado». «Todos los ciudadanos consumimos naturaleza que, en gran parte, está constituida por los montes españoles», añade..