El Gobierno exhibe su fractura en un bronco debate que parte el bloque de la investidura

Nadie había llegado a hacer una insinuación similar en el mes transcurrido desde que, tras ocho semanas de negociaciones infructuosas y apartadas de los focos entre Igualdad y Justicia, los socialistas dieron el paso de presentar la iniciativa con la que pretenden dar respuesta a la «alarma social» provocada por las más de 700 rebajas de condena de agresores sexuales contabilizadas por el Consejo General del Poder judicial desde el pasado octubre. El mensaje que se ha transmitido en todo momento, y en el que insistió a mediodía desde la Moncloa la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, es el de que la coalición continuará. Y también el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, llamó hoy a no dramatizar. Al menos, por ahora.

«No es el fin del mundo. Empieza el trámite parlamentario y esperamos poder llegar a un acuerdo en unas semanas o meses. Creemos que el acuerdo es posible, hay margen de maniobra y las posiciones no están tan alejadas», esgrimió el también diputado de En Comú. En efecto, el debate de este martes es solo un punto de partida. La proposición socialista, que plantea recuperar las horquillas del anterior Código Penal y volver a dar una consideración más grave a las agresiones cometidas con violencia e intimidación que a aquellas en las que no concurran esos elementos, puede ser ahora enmendada. Pero también es cierto que ambas partes son escépticas sobre las posibilidades de alcanzar en las próximas semanas un acuerdo que no ha sido posible hasta ahora. Y el debate de la Cámara baja lo puso de manifiesto.

El PSOE sostiene que la discrepancia es «técnico jurídica». Podemos, en cambio, la considera «política». A su juicio, la propuesta de sus socios desplaza el consentimiento del centro en el que la ley lo había situado y obligará a las mujeres a demostrar «con las cicatrices de su cuerpo» que fueron agredidas, como en «Código Penal 'la Manada'». «Esto servirá para que vuelvan a preguntarnos si cerramos bien las piernas o con qué fuerza nos resistimos», dijo incluso la diputada podemista Lucía Muñoz desde la tribuna.

La reforma puede, además, leerse como una desautorización a Irene Montero y precisamente en ese aspecto ahondó la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en su intervención. Que Pedro Sánchez sopesó la reacción que su decisión de modificar la ley podría desatar en Podemos se evidenció en la habitual comparecencia de los martes, tras el Consejo de Ministros, de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. «Es más importante el ambiente social que el ambiente en el Consejo de Ministros», defendió. También la actitud de otros aliados del bloque de la investidura, que ya hace meses defendían la necesidad de cambiar la norma, habla a las claras de lo disruptivo del escenario actual. Pese a intentarlo, los socialistas no lograron el apoyo de ninguno de los partidos de la izquierda. A lo más a lo que llegaron Más País y Compromís fue a anunciar su abstención, pero dejando clara su incomodidad con la situación.

El PSOE sí cuenta con el respaldo del PNV, de Coalición Canaria, del PdeCAT. Pero ERC, EH-Bildu o el BNG ya habían mostrado sus reticencias a impulsar una iniciativa que no contara con el respaldo de Podemos. Con todo, ambas fuerzas llamaron a PSOE y Podemos a hacer un ejercicio de «responsabilidad» . «No debatan en los medios de comunicación, no se lancen acusaciones, no utilicen el movimiento feminista para atacarse unos a otros -reclamó la diputada Bel Pozueta- porque con esta actitud solo gana la derecha y pierden las mujeres y el movimiento feminista». Este miércoles, sin embargo, los ánimos estaban demasiado calientes como para que esa petición surtiera efecto.

Los socialistas, que en los últimos días han tenido que escuchar de Podemos advertencias como la de que sacar adelante esta reforma con la derecha supone una «traición al feminismo», han evitado por lo general responder con idéntica dureza. Desde el Hemiciclo, sin embargo, su secretaria de Igualdad, Andrea Fernández, no se anduvo con miramientos. Fernández glosó las bondades de la ley, pero argumentó que «la mejor forma de legitimarla es corregir los fallos que han generado dolor a las víctimas». Y avisó: «Aquí no valen eslóganes. El PSOE lleva más de 40 años diseñando la arquitectura legal y política en materia de Igualdad (…) A quienes intenten jugar a desacreditar la hoja de servicio de este partido, lamento decirles que hacen ustedes el ridículo. Es una estrategia que nadie cree y nadie comparte». La diputada socialista dirigió ese reproche al PP, pero también a sus socios, ante los que apeló de forma forma expresa. «Estamos cansadas de sus peroratas. Dejen la hipérbole y hablennos de soluciones. Es lo maduro y lo serio».

Si pretendía que sus palabras hicieran mella en las posiciones de Podemos, no lo logró. Lejos de amilanarse, Muñoz insistió en sus críticas a los socialistas por haber sucumbido a las presiones del «fascismo» política, judicial y mediática y, ante la mirada de Irene Montero y Ione Belarra, que la escuchaban desde la bancada azul del Gobierno -el resto de los ministros se encontraban en el Senado- llamó a aprovechar las manifestaciones de mañana para cargar contra la iniciativa socialista. «Quienes voten a favor de esta propuesta están diciendo a las mujeres que son ciudadanos de segunda y que defender sus derechos vale menos que la embestida de la derecha», recriminó.