La vicepresidenta segunda exhibe su malestar en una tensa comparecencia en la Moncloa

La bronca por este asunto hace palidecer la que hace apenas unas semanas se libró entre los dos socios de la coalición gubernamental a cuenta de los ritmos y las condiciones de implementación de la futura jornada laboral de 37,5 horas. En ese caso, Pedro Sánchez optó por pedir al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que diera un paso atrás, consciente de que la negociación parlamentaria con socios como Junts llevaría a modular el proyecto en la dirección que éste planteaba. Ahora, la batalla es entre Díaz y la mujer más poderosa del PSOE, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no ha dado, por el momento, la más mínima muestra de dar su brazo a torcer. La semana pasada, en una declaración que ya anticipaba sus intenciones, tildó incluso de «populista» el discurso de la vicepresidenta segunda sobre la cuestión.

En la mesa de la sala de prensa del complejo de la Moncloa en la que, cada martes, se comunica lo acordado por el Consejo de Ministros no estaba hoy Montero porque tampoco su departamento tenía nada que trasladar (la cuestión del IRPF ha trascendido por otra vía, al margen de la reunión). Pero quien sí estaba, como siempre, era la ministra Portavoz, Pilar Alegría, además de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro de Derechos Sociales y Consumo, también de Sumar, Pablo Bustinduy.

Alegría, visiblemente incómoda con la decisión de Díaz de exhibir sin paños calientes su malestar, trató en vano de reconducir la atención hacia la cuestión en la que los socialistas querían hoy poner el foco, en sintonía con el discurso que minutos antes había pronunciado en el Congreso el propio Pedro Sánchez en la primera reunión de este periodo de sesiones del Grupo Parlamentario Socialista. «A veces, seguramente por la propia velocidad informativa, saltamos las pantallas demasiado rápido, pero yo creo que es importante recordar que cuando llegamos al Gobierno un trabajador que percibía el SMI cobraba 10.300 euros al año, que se significaba en un salario de 735 euros mensuales. Hoy, con un Gobierno progresista, esos trabajadores han pasado a percibir 16.500 euros al año, un incremento del 61%», reivindicó.

El cruce de dardos se prolongó durante varias respuestas a las insistentes preguntas de la prensa. La semana pasada, Montero y Díaz ya se atizaron educadamente a través de los medios de comunicación con sendas apelaciones a la necesidad de hacer «pedagogía fiscal». Esa palabra ha vuelto a estar hoy presente. Alegría, como la propia ministra de Hacienda hace unos días, hizo hincapié en que «lo que se dice que se queda Hacienda» va, en realidad, a «consolidar los servicios públicos». La vicepresidenta segunda, repitió, por su parte, su argumento de que la justicia fiscal se hace «por arriba y no por abajo». «Y por dar datos -disparó-, una peluquera en España tributa a un 17,5% y una gran corporación lo hace al 3'8%».

Ni siquiera en los tiempos en los que Pablo Iglesias, como vicepresidente, defendía la estrategia de confrontación directa con sus socios de Gobierno como única manera de lograr avances se vivió un episodio tan abiertamente hostil como el de este martes. Y todo apunta a que aún tendrá más episodios.