El último cortafuegos de Felipe VI

El estado de alarma saltó este domingo en los intramuros del Palacio de la Zarzuela, donde llevaban semanas combatiendo una crisis paralela a la del COVID-19. Otro virus, que se ha larvado durante décadas en el recinto palaciego, obligó a Felipe VI a intervenir y adoptar medidas drásticas para frenar su propagación. Las sombras de sospecha sobre los negocios en el extranjero del Rey emérito, Juan Carlos de Borbón llevó al Rey a cortar amarras con su padre y negar relación alguna con dos sociedades 'offshore' de las que supuestamente sería beneficiario a la muerte de su progenitor.

Con el país confinado en sus casas y pendientes del coronavirus, Casa Real lanzó un comunicado inédito. Tres páginas en las que el Monarca aseguró desconocer cómo procedió don Juan Carlos, se desvinculó de los posibles fondos en paraísos fiscales y resolvió renunciar a su herencia y retirarle a su padre la asignación salarial con la que contaba hasta ahora proveniente del dinero público. Dos medidas extremas con las que Felipe VI ha puesto un cortafuegos para proteger la institución que comanda.

Hacía ya tiempo que había marcado distancias con su padre, e incluso, lo había alejado de la actividad institucional. En realidad, empezó a hacerlo desde el mismo momento que le cedió el testigo para tratar de achicar la larga sombra de sus conductas.

De Botsuana a su abdicación

«Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir». Con esta disculpa, don Juan Carlos trató de aplacar en abril de 2012 la polémica por su viaje a una lujosa cacería en el país africano en plena crisis económica en España. Trascendió porque sufrió un traspié que le obligó a pasar por el quirófano de urgencia para operarse la cadera. Pero aquel incidente también sirvió para acabar con el silencio que envolvía la vida privada del entonces jefe del Estado y conocer su vínculo con Corinna Larsen.

El escándalo de la cacería y su relación con la empresaria alemana fueron dos torpedos que impactaron de pleno a su línea de flotación y dejaron a la Monarquía española en caída libre. De acuerdo al CIS de abril de 2013, los españoles valoraron a la institución con un 3,68 sobre 10, muy lejos del 7,48 que había registrado en noviembre de 1995.

La agenda institucional de don Juan Carlos comenzó a sufrir alteraciones mientras en la calle se instalaba el debate sobre su estado de salud. El paso del tiempo terminó por dar respuesta a esa pregunta y el 2 de junio de 2014, la Casa Real hacía pública su decisión de abdicar.

Desde entonces el terremoto de Botsuana ha vivido réplicas, como la publicación de los audios grabados por el comisario Villarejo a Larsen en los que esta afirma que el Rey emérito tiene cuentas en Suiza a nombres de terceros y que ella fue utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero. Pero ninguna había tenido efectos tan reales como hasta ahora.

La Fiscalía de Suiza investiga desde 2018 el supuesto cobro de comisiones ilegales por la obra del AVE a la Meca llevada a cabo por un consorcio de empresas españolas. Los investigadores del país helvético siguen la pista por un presunto delito de blanqueo de capitales a 65 millones de euros ingresados en una cuenta de la fundación Lucum, de la que el Rey emérito es beneficiario, y que, según Corinna Larsen, se corresponden con una donación que don Juan Carlos le habría hecho en 2012.

Esas mismas sospechas existen en la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado ya a Suiza que comparta toda la información sobre las presuntas cuentas en el país del padre de Felipe VI y de su examiga. En el caso de que las investigaciones concluyan que Juan Carlos de Borbón cometió delitos económicos después de su abdicación en junio de 2014, momento en que dejó de ser inviolable, el Rey emérito podría ser juzgado por el Tribunal Supremo. Un golpe para el que Zarzuela ya se prepara.