El fiscal general no tiene ni un mensaje en su móvil los días del soplo sobre el novio de Ayuso

El dato sobre los «cero mensajes» en el móvil de García Ortiz que arroja el informe de la UCO remitido al juez Ángel Hurtado, instructor del procedimiento, deja dos hipótesis: o el fiscal general del Estado no envió ni recibió un solo wasap, SMS o similar en una semana -algo que, a priori, parece improbable para cualquier usuario actual de tecnología y que además desmienten los datos que ya obran en el sumario- o los ha borrado «a conciencia» antes de que el 30 de octubre los agentes allanaran el despacho de Ortiz por orden del juez Hurtado y realizaran el volcado del terminal, según explican a este periódico fuentes de la investigación.

La Fiscalía General declinó pronunciarse este jueves sobre el informe, encomendándose a «la prudencia» dado que la causa sigue abierta. Pero justifica lo ocurrido en una directriz interna por la que los teléfonos se 'limpian' periódicamente por motivos de seguridad, La hipótesis del borrado masivo es para los investigadores la única posible porque en ese móvil tenía que haber copias al menos de varios mensajes de esos días que ya están en la causa: los que García Ortiz se cruzó con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada por la supuesta filtración, y con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. En el móvil de Rodríguez, ya analizado por la UCO, aparecieron esas comunicaciones con el fiscal general, mientras que Lastra las aportó al comparecer como testigo.

Pese a dichos elementos, el presidente del Gobierno –obviándolos- replicó tras participar en una cumbre de líderes europeos en Bruselas que, una vez conocido el informe de la Guardia Civil, muchos deberían «pedir disculpas» por haber exigido la dimisión de García Ortiz «sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación». En este sentido, vaticinó que «otro tanto ocurrirá» con los cinco cargos de la Moncloa y del PSOE de los que habla la UCO.

Sánchez arguyó, además, que lo que habría que preguntar en este caso es qué «responsabilidades políticas» van a asumir Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y en segunda derivada Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por «los presuntos delitos que ha cometido contra la Hacienda Pública» el novio de la dirigente regional.

En todo caso, lo que sí ha encontrado la UCO en el ordenador de sobremesa del máximo responsable del Ministerio Público son pruebas de que García Ortiz tuvo acceso, antes de que se hiciera pública en los medios, a la cadena de correos entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal de Delitos Económicos de Madrid, el citado Julián Salto. Esos 'mails' enlazados, con el asunto de 'Denuncia Maxwell Cremona' (nombre de la empresa de González Amador), llegaron a la cuenta personal de Gmail de García Ortiz procedente de la cuenta corporativa de la Jefatura Fiscal de Madrid el 13 de marzo a las 23:45 horas.

Aunque se trataba de un asunto oficial y con datos confidenciales de un contribuyente, García Ortiz no recibió en su correo electrónico oficial ninguna comunicación sobre la negociación con el novio de Ayuso. Así lo afirman los investigadores de la UCO, que han analizado los 45 mensajes que llegaron al fiscal general en los días de la filtración.

La segunda revelación este jueves de las investigaciones de la UCO la deparó la inspección del móvil que Lobato entregó tras testificar ante el Supremo. Lo hizo una vez había dimitido del liderazgo del PSOE madrileño tras destapar ABC que había levantado acta notarial de su intercambio de mensajes ese 14 de marzo -referidos a la causa- con Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete del, a su vez, jefe de gabinete del presidente Sánchez, el hoy ministro y sustituto de Lobato al frente de la federación madrileña, Óscar López.

Según los investigadores, antes de que el correo electrónico en el que el novio de Ayuso pedía un pacto a la Fiscalía y asumía sus delitos fiscales fuese publicado por el medio digital El Plural en su integridad a las 9:06 horas del 14 de marzo tenían copia del mismo Sánchez Acera; el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, relevado hace dos semanas; el exjefe de prensa del PSOE y hoy sustituto de Vallés, Ion Antolín; Laura Sánchez Espada, la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; y el propio Lobato.

«El 'mail' íntegro entre el abogado de la defensa de Alberto González Amador y la Fiscalía de fecha 22 de febrero de 2024 no había sido publicado por los medios de comunicación a las 8.29 horas, cuando ya estaba en poder de la directora del Gabinete SEGPG, Pilar Sánchez Acera, por lo que su procedencia no puede ser la publicación en medios», afirma la UCO. En este sentido, la Guardia Civil incide en que Sánchez Acera no le envía a Lobato un enlace a una noticia sino «una captura de la imagen de dicha misiva» y recalca que el 'email' aparece con «todos los datos personales que en las noticias de prensa se suelen tapar, como el teléfono del abogado».