El TSJC admite a trámite la querella contra Buch por el escolta de Puigdemont

La denuncia, impulsada por Ciudadanos, fue registrada en el mes de noviembre por el TSJC, y esta mañana se ha admitido a trámite y el alto tribunal catalán ha ordenado abrir una investigación, que instruirá la magistrada Mercedes Armas, una de las integrantes del tribunal que condenó a Quim Torra en el juicio por las pancartas. La Fiscalía cifra en 52.712 euros la cantidad presuntamente desviada por la remuneración que el agente recibió como asesor, entre julio de 2018 y marzo de 2019. El consejero del Interior siempre ha negado lo que le imputa el Ministerio Público. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha señalado, no obstante, que del «profuso relato de hechos contenido en la querella» de la Fiscalía, se desprende la «existencia de indicios suficientes» para abrir una investigación por los delitos de prevaricación y malversación. La querella del Ministerio Público detalla que el sargento de los Mossos fue nombrado asesor de la Consejería del Interior el 27 de julio de 2018.

Sus funciones eran asesorar al Conseller d'Interior en una pluralidad de materias, tales como la implantación y diseño de sistemas de seguridad corporativos, la prospectiva y explotación de la información para la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad, la mejora de sistemas de seguridad institucionales del Departamento de Interior o la coordinación de acciones relativas a la participación en proyectos de investigación. La Fiscalía cree, en cambio, que su nombramiento constituiría un acto de «arbitrariedad», por exclusiva voluntad de Buch, y que su objetivo era procurar, con cargo a fondos públicos, un servicio de escolta permanente a Puigdemont, una vez dejó de ser presidente de la Generalitat. La querella se basa en la trayectoria profesional y en los actos del sargento. Antes de ser nombrado asesor, tenía destino en el área de escoltas del presidente de la Generalitat.

Después del cese, en virtud del 155, de Puigdemont, el sargento le ayudó a huir a Bélgica. Asuntos Internos le abrió un expediente y fue reasignado a la comisaría de Martorell. Según la querella, entre el 30 de octubre de 2017 hasta el 20 de julio de 2018, el querellado habría realizado numerosas salidas al extranjero al objeto de prestar labores de custodia y de seguridad para Puigdemont. Recibió una sanción del cuerpo, pero poco después se aprobó crear el puesto de trabajo de «personal eventual asesor en materia de seguridad, adscrito al Gabinete del Conseller». El escrito de querella de la Fiscalía señala que su trayectoria profesional revelaría una «absoluta inidoneidad para desempeñar el cargo».