El Tribunal Supremo se sume en su mayor crisis institucional antes del juicio del 'procés'

El terremoto derivado de la inaudita decisión del presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), Luis María Díez-Picazo, de elevar al Pleno el «giro radical» del criterio jurisprudencial establecido por un tribunal de esa misma sala el 18 de octubre y el resultado final de la votación, 15 a 13 a favor de revocar la nueva doctrina que obligaba a las entidades financieras a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (en torno a unos 3.000 euros por hipoteca, uno de los más altos de los países europeos), ha tenido fuertes réplicas en todo el Alto Tribunal, pero de forma especial en la Sala Segunda (de lo Penal).

Siete magistrados de esta jurisdicción serán los encargados de juzgar a partir de las próximas semanas a los 18 procesados en el sumario del 'procés', nueve de los cuales están en prisión preventiva. Se trata de la vista oral de mayor trascendencia política que se recuerda en los más de 200 años de vida del tribunal de la madrileña plaza de la Villa de París. Y la proyección de lo que allí se diga y se sentencie, no solo en España sino también en el extranjero, marcará la agenda nacional en los próximos meses, incluso años.

De ahí que los focos mediáticos escrutarán como nunca antes se había hecho la actividad del Supremo, su prestigio y el de sus magistrados. En suma, la imagen misma del Estado español representado en su máxima institución judicial.

Ante esta prueba de fuego que está por venir, la «nefasta» gestión de la crisis de las hipotecas por parte de la Sala Tercera no ha hecho sino que agujerear la credibilidad social del órgano antes del juicio del 'procés'. «Empezamos con puntos negativos», ejemplifican desde la jurisdicción penal del Supremo, cariacontecidos por los movimientos de su colega Díez-Picazo y la sensación en la opinión pública de que la influencia de la banca ha primado sobre la independencia judicial.

Quitarse ahora ese sambenito no es sencillo. Porque, como ocurre en muchas profesiones, «tardas años en construir una imagen creíble, rigurosa e independiente y todo se va al traste con una decisión, el día menos pensado, que acaba salpicando a todo el tribunal, a sus cinco salas», comenta un magistrado de la Sala de lo Penal.

El hecho más elocuente es la reacción de la clase política por la gestión de las hipotecas, donde todo el órgano judicial ha caído en el mismo saco. «Creo que se tiene que hacer esa autocrítica por parte del Supremo», dijo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez el pasado miércoles, en la rueda de prensa que ofreció para anunciar una iniciativa legislativa que anulaba 24 horas después la decisión del Pleno de la Sala Tercera. «No creo que este asunto vaya a minar la credibilidad de este tribunal, porque nada tiene que ver una cosa con otra», añadió Sánchez, tratando de echar un capote.

En cualquier caso, la veda ya estaba abierta. Unidos Podemos anunció una concentración para hoy frente al Supremo para defender «la justicia social, la independencia judicial y la dignidad». Por su parte, el independentismo, en línea con la estrategia de recoger cualquier migaja para denostar al tribunal del 'procés', atacó sin piedad. «¿Tribunal Supremo o suprema injusticia? Exigimos la dimisión del (presidente) Carlos Lesmes», dijo el miércoles Quim Torra, quien recordó el «desprestigio» del Poder Judicial tras la «injusticia» del sumario del 1 de octubre o el «revés» sufrido tras la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado por el juicio a Arnaldo Otegi, coordinador general de Bildu.

Con este escenario va a resultar muy complicado recomponer las costuras rotas por el Pleno de las hipotecas, porque además el Consejo General del Poder Judicial se encuentra ya en proceso de renovación de sus altos cargos a menos de un mes de concluir el mandato de Lesmes. Por lo tanto, esta inminente interinidad no es sinónimo de fortaleza.