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A. Azpiroz
Madrid
Martes, 3 de diciembre 2024, 15:20
El Tribunal de Cuentas presentó este martes ante la Comisión Mixta del Congreso y Senado su examen al Plan de Vivienda 2018-2021. Las conclusiones del órgano fiscalizador no son positivas al detectar varias lagunas en diseño y ejecución de este programa para afrontar ... la carestía y los altos precios de inmuebles públicos, uno de los principales problemas para los los españoles, según los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha desgranado las principales deficiencias del plan, situando en primer lugar la falta de una coperación efectiva entre el Estado central con las comunidades autónomas y el sector terciario. «Esta debilidad ha afectado a la coherencia del proyecto y propiciado una falta de homogeneidad de criterios entre los diferentes territorios, incrementando el riesgo de desigualdades», detalló Chicano. Por regiones, Andalucía fue la más beneficiada del plan con 264 millones. Le siguen Cataluña (223 millones) y Comunidad de Madrid (180 millones).
El informe del órgano fiscalizador también subraya la falta de participación de la conferencia sectorial en la que se sientan juntos Gobierno central y ejecutivos autonómicos o la falta de seguimiento a la consecución de los objetivos marcados, lo que a la postre impide poner en marcha medidas correctoras.
Entre 2018 y 2021 el Gobierno destinó a la política de vivienda 1.870 millones de euros, de los que 318 correspondieron a la cofinanciación de las comunidades autónomas. No obstante, lamentó Chicano, el grado de ejecución de estos fondos resultó insuficiente. Se dejaron sin gastar casi 400 millones. Entre los objetivos del plan figuran la subsidiación de préstamos convenidos, ayudas al alquiler, a víctimas de violencia de género y a personas que han sufrido un deshaucio o el fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas.
El informe realiza una serie de recomendaciones dirigidas al Ministerio de Vivienda para que este coordine los futuros planes estatales de vivienda con las demás estrategias que inciden en este tema, en particular, con la Estrategia de Desarrollo Sostenible y que refuerce la cooperación y coordinación interadministrativa con el fin de alcanzar un enfoque integral de la política de vivienda y una participación real de los diferentes niveles de la Administración y de los distintos actores interesados. Además, recomienda establecer un sistema de seguimiento efectivo de los planes de vivienda con objetivos y metas cuantificados, tablas de indicadores e informes periódicos de seguimiento.
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