El Tribunal de Cuentas detecta «incidencias» en el 22% de los contratos de Sanidad en pandemia

Los contratos adjudicados por Ingesa (por un importe de 538 millones) constituyen el 97,68 % del importe global de todos los expedientes de emergencia fiscalizados en este tercer informe. «En un 22,44 % de los contratos fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria –revela el informe de tribunal- se produjeron distintas incidencias en la ejecución». En cuatro de los expedientes fiscalizados (un 8,16 %) se acordó la «resolución anticipada por incumplimiento del contrato imputable al contratista», dando lugar a las correspondientes reclamaciones, que se encuentran en curso todavía hoy «para la recuperación de los fondos anticipados, intereses devengados y, en su caso, daños y perjuicios producidos».

Hubo otros dos expedientes (un 4,08 %) en los que «se produjeron modificaciones no previstas» en los contratos (suministro de otro modelo de mascarillas pero con el mismo precio y características en un caso y suministro de otro tipo de test-Covid igualmente efectivos pero más caros). Y en otras cinco adjudicaciones (un 10,20 %) se dieron retrasos en los plazos de entrega de los suministros.

A pesar del alto volumen de contratos que han presentado problemas, el Tribunal de Cuentas justifica esos incumplimientos porque «las adquisiciones fueron realizadas en una situación de emergencia excepcional y en el contexto de desabastecimiento global». No obstante, sí que denuncia que esas «incidencias en la ejecución» producidas en estos once contratos «podrían ser indicativas de una insuficiente verificación por parte del Ingesa sobre la capacidad de producción y de suministro y, en definitiva, de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias en el inicio de la pandemia».

El gasto de Ingesa en buena parte fue para material de protección. Solo en mascarillas FFP2, FFP3 y quirúrgicas, guantes de nitrilo y el gel hidroalcohólico, el departamento de Sanidad se gastó 246 millones de euros. No obstante, el 91,69% del importe contratado fue destinado a la adjudicación de mascarillas.

El informe pone de manifiestos los altísimos precios que llegó a abonar el departamento que dirige Illa por aquel material. Las mascarillas FPP2 llegó a pagarlas a 4,17 euros la unidad. La FFP3 a 4,68 cada una.

En la parte positiva, el Tribunal destaca que el objeto de todos los contratos fiscalizados efectivamente «estuvo directa o indirectamente vinculado a la adopción de medidas para hacer frente a la situación sanitaria causada por la covid». Y además consta «acreditación documental suficiente» en los expedientes de la necesidad de tramitar esas adjudicaciones por el trámite de emergencia, o sea sin concurso.

Los contratos gestionados por Ingesa fueron imputados en su mayor parte al crédito extraordinario de 1.000 millones de euros habilitados a este efecto en el Ministerio de Sanidad el 12 de marzo de 2020, en el primer gran desembolso contra los albores de la larga crisis sanitaria que se avecinaba.