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El Ministerio de Transportes ha descartado irregularidades en los procesos de adjudicación y en el desarrollo de los contratos de carreteras que fueron señalados por Víctor de Aldama en su escrito remitido al juez del Tribunal Supremo. El presunto «conseguidor» del 'caso Koldo' aseguró que ... se habían logrado estas obras en contraprestación por el cobro de comisiones ilegales durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del ministerio, entre 2018 y 2021.
En un informe de 42 páginas, elaborado por la Dirección General de Carreteras y al que ha tenido acceso este periódico, se concluye que de los 39 proyectos señalados por el comisionista se llegaron a licitar 21 y solo seis de ellos se hicieron durante el mandato de Ábalos. El resto fueron con la exministra socialista Raquel Sánchez (11) y los populares Íñigo de la Serna (tres) y Ana Pastor (uno). En suma, el documento zanja que «ninguna tramitación o gestión de dichos expedientes ha devenido en la constatación de actuación irregular».
Este informe fue encargado por el ministro del ramo, Óscar Puente, a raíz de la documentación facilitada por De Aldama sobre presuntos amaños en los procesos de licitación y adjudicación de proyectos referentes a la Dirección General de Carreteras. El empresario aportó hasta 75 páginas con anexos de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2021, en las que aparecen subrayados proyectos menores como la construcción de variantes en carreteras nacionales, la construcción de nuevos tramos o la remodelación y acondicionamiento de algunos de ellos. Entre los mismos, se contemplan actuaciones en medio urbano y accesos a puertos y aeropuertos o distintas obras en, por ejemplo, las autovías A-21, la A-66 o la A-7.
En algunas de esas páginas aparecen anotaciones manuscritas y que, según De Aldama, «pueden corresponder con la letra de Ábalos o quizá de (su exasesor) Koldo García, pero sin poderlo afirmar con seguridad». Detalló además que en color rosa aparecen los contratos públicos ya pre-adjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados. Sin embargo, desde Transportes apuntan que los epígrafes subrayados en rosa «no son obras a licitar sino un instrumento de ordenación del anexo para mayor claridad».
El departamento de Puente explica en este informe que el análisis preliminar «aporta la información disponible en los expedientes de contratación de cada una de las obras e identifica a los responsables ministeriales bajo los que se tramitaron con el objeto de detectar posibles irregularidades en el procedimiento, así como reflejar el estado actual de cada uno de los contratos en materia de modificaciones».
La auditoría también subraya que de las actuaciones mencionadas, en 17 todavía no se ha licitado ningún contrato de obras y una de ellas «es una concesión de autovía de primera generación adjudicada en 2005». Por lo tanto, Transportes concluye que no ha habido irregularidades en estos contratos y tampoco de la tramitación de las modificaciones de los mismos. «Por el esquema de garantías y controles establecido por el ministerio, no se aprecia actuación irregular alguna», finaliza.
ADIF, el gestor de la infraestructura ferroviaria, también elaboró un informe donde descartó irregularidades en la adjudicación de los contratos señalados por De Aldama, tras analizar 373 contratos a petición del Ministerio de Transportes en base a la información publicada en la prensa.
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