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Cristian reino
Barcelona
Martes, 9 de junio 2020, 16:23
El Govern catalán ha tratado esta mañana de enviar una imagen de unidad tras los últimos desencuentros entre los dos socios, JxCat y ERC. La semana pasada, Quim Torra y Pere Aragonès ya trataron de cerrar filas, pero al día siguiente, Gabriel Rufián y ... Laura Borràs se enzarzaron en un agrio enfrentamiento dialéctico en el Congreso en el debate sobre la prórroga del estado de alarma. El propio presidente de la Generalitat admitió que la legislatura no tiene recorrido, pero también dijo que este no es el momento de llamar a las urnas. Hace tiempo que ERC pide elecciones y le reclama a Torra que se siente a negociar el calendario electoral. En cambio, Pere Aragonès (ERC), vicepresidente de la Generalitat, y Meritxell Budó (JxCat), consejera de Presidencia y portavoz, han comparecido hoy juntos y han vuelto a conjurarse para trasladar un mensaje de gobierno cohesionado, a pesar de que la crisis no la disimula ninguno de los dos socios. «La gente pide soluciones, no elecciones», ha señalado la portavoz del Govern sobre la posibilidad de que el presidente de la Generalitat adelante los comicios. Esquerra es quien con más insistencia ha reclamado el anticipo electoral.
Aragonès, sin embargo, ha evitado esta mañana referirse al respecto: «Tenemos mucho trabajo», ha afirmado. El Govern ha retomado hoy una cierta normalidad. La reunión semana del consejo de gobierno se ha celebrado presencialmente y la rueda de prensa ha regresado a la sala del Palau de la Generalitat, dejando la videoconferencia de los últimos tres meses.
Budó ha asegurado que ni el adelanto electoral ni una posible crisis de gobierno se han tratado en el consejo de gobierno. «Es el presidente de la Generalitat el que tiene las competencias y el que decide, pero no me consta que estos temas estén sobre la mesa», ha apuntado. Aragonès ha seguido la misma línea. «No diré nada que pueda abrir una polémica. Hay mucho trabajo por hacer, estamos centrados en acabar el desconfinamiento», ha asegurado. «Tiempo habrá de debatir» lo demás, ha rematado. Según el vicepresidente de la Generalitat, «cada uno ya ha expresado cuál es su punto de vista» sobre la cuestión del adelanto electoral y no tiene intención de insistir en el tema.
JxCat y ERC chocan, no obstante, en muchos de los frentes abiertos que tiene el Govern. Uno de ellos, el contrato suscrito por 18 millones por la Consejería de Salud con la firma Ferrovial para gestionar los llamados rastreadores del coronavirus y que ha levantado una enorme polvareda en Cataluña, pues se considera una privatización en pleno debate sobre la necesidad de defender la gestión pública de todo lo que tiene que ver con la sanidad. El Govern se plantea ahora revertir el contrato contra la empresa aunque ello implique tener que pagar una indemnización.
El otro punto en el que chocan es la mesa de diálogo sobre la cuestión catalana que el Gobierno central y ERC se han comprometido a que se reanude en el mes de julio. Quim Torra, en cambio, enfrió esta posibilidad pues afirmó que en estos momentos no se dan las condiciones para reunirse por la falta de confianza. Esquerra no lo ve así y consideró irresponsable no reunirse ya con el Ejecutivo central. Budó ha matizado en parte a Torra y ha afirmado que el Govern no «rehuirá nunca del diálogo, más allá de que se hayan podido romper ciertas confianzas« con el Gobierno central. La portavoz de la Generalitat no ha aclarado si la administración catalana pedirá una reunión entre Sánchez y Torra previa a la convocatoria de la mesa y ha recordado que aún no se ha establecido un calendario de cuándo debería reanudarse aunque el Gobierno y ERC han convenido en que sea en julio.
La portavoz del Ejecutivo catalán ha defendido la necesidad de reactivar la Comisión Bilateral entre Generalitat y Gobierno para abordar asuntos de competencias y recursos, que cree que se deberán actualizar tras la pandemia, pero diferencia esta comisión de la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán.
Budó ha puesto sobre la mesa varias reclamaciones del Govern hacia el Gobierno, como que sea la Generalitat quien gestione y decida cómo reparte los recursos del Ingreso Mínimo Vital, y la necesidad de que el Ejecutivo catalán reciba los «recursos necesarios para poder hacer frente al gasto sobrevenido del Covid-19».
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