Torra acusa al juez Marchena de querer cesarle «con celeridad inusitada»

En el recurso, de 43 páginas, la defensa de Torra sigue abonando la teoría de que el presidente de la Generalitat no tendrá un juicio justo. «Las garantías de acceso a un tribunal independiente e imparcial y, en particular, las que determinan tanto el concepto como la composición de éste, constituyen la piedra angular del derecho a un proceso justo», según los letrados, comandados por Gonzalo Boye. «El juicio justo implica que todo órgano jurisdiccional está obligado a verificar si, por su composición, es un tribunal independiente e imparcial cuando surja sobre este punto una controversia que no parezca de entrada carente manifiestamente de fundamento. Dicha verificación es necesaria para la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar al justiciable», añade.

Desde el primer día, Torra se presenta como víctima de una persecución política y califica su causa penal de política. Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación por desobediencia por negarse a descolgar las pancartas con los lazos amarillos del Palau de la Generalitat. Él mismo reconoció, en el juicio celebrado en el TSJC, que desobedeció a la Junta Electoral Central. Pero lo hizo para defender la libertad de expresión y porque no reconocía la autoridad del organismo electoral. Aunque fue condenado, su pena no es firme, hasta que resuelva el recurso el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal avanzó días atrás que la vista contra Torra podría celebrarse el próximo 17 de septiembre. Fue una comunicación a la prensa sin valor jurídico, pero la defensa del president la utiliza para cargar contra el Supremo pues el recurso de casación no ha sido aún admitido a trámite y por tanto no se puede fijar la fecha de la vista.

Según los abogados de Torra, Manuel Marchena «suscita dudas acerca de su imparcialidad» y le acusan de «aparente voluntad de apartar» al jefe del Ejecutivo catalán «con celeridad inusitada, del cargo que legítimamente ostenta en tanto que presidente de la Generalitat». Si Torra es condenado a una pena de inhabilitación, se abrirá un periodo de incertidumbre en la política catalana. El dirigente nacionalista sopesa convocar elecciones en cuanto sea condenado, podría provocar una crisis de gobierno y situar a un dirigente de JxCat como vicepresidente para coger su testigo o incluso encastillarse en el Palau de la Generalitat y no acatar la sentencia.

Entre los argumentos para recusar a los diez jueces, los letrados del dirigente soberanista ponen sobre la mesa su vinculación con la Junta Electoral y que ya intervinieron en la causa del 'procés' que condenó a penas de nueve a trece años a nueve líderes secesionistas. Señalan además que los magistrados se pronunciaron, todos ellos, «explícitamente», sobre los acuerdos de la Junta Electoral Central del 11 y 18 de marzo de 2019, «de los que se sirvió» la sentencia de 19 de diciembre que condenó al president. «Las consideraciones hechas, junto con otras que se hacen en la misma resolución judicial, respecto de los mismos hechos, por los magistrados dan lugar a una duda (más aún, a una certeza) de que no pueden ser tenidos por imparciales, cuando menos desde el punto de vista objetivo, para un observador razonable, en cualesquiera actuaciones vinculadas al recurso de casación», asegura.