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La Audiencia Provincial acordó esta mañana suspender parcialmente el juicio del 'Caso Villa' aplazando hasta nuevo aviso el proceso judicial que afecta al principal investigado, José Ángel Fernández Villa, y mantener la vista oral con respecto a Pedro Castillejo, quien fuera máximo responsable de la fundación Infide y al que el SOMA también acusa de un delito de apropiación indebida continuada. La decisión de la magistrada María Luisa Barrio obedece al ingreso hospitalario por parte del principal investigado el pasado viernes, siete horas después de que concluyera la tercera sesión del juicio oral.
La sala confirmó esta mañana que el exlíder sindical continúa ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por lo que aceptó la petición de su defensa de suspender el juicio, si bien informó de que solicitará al servicio de Cardiología del citado equipamiento hospitalario un informe completo de su estado de salud. Igualmente, manifestó su intención de retomar el juicio tan pronto como sea viable, si bien comentó que si transcurrieran más de 30 días sería necesario reiniciar la vista oral desde el inicio.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular, a cargo del bufete Ontier, aceptaron la decisión de la sala aunque con ciertas reticencias. «El ingreso del investigado es una causa legal de suspensión y no queda más remedio», asumió el fiscal, Enrique Valdés-Solís, quien se interesó no solo por un informe urgente suscrito por la dirección del Servicio de Cardiología del hospital sino también por disponer de una previsión de alta médica para poder retomar el juicio cuanto antes. Por su parte, Miguel García Vigil, abogado de la acusación, recordó que el investigado estuvo ingresado en fase de instrucción durante unos días y manifestó su deseo de retomar cuanto antes el proceso para no volver a repetir lo ya tramitado.
Una vez resuelta esta cuestión, el juicio se retomó con las pruebas testificales y periciales previstas, pero abordando únicamente cuestiones relacionadas con la imputación de Pedro Castillejo. Así, pasaron por la sala una docena de testigos, la mayoría patronos de la fundación, pero también personas que habían trabajado o colaborado puntualmente con este ente. En general, coincidieron al asegurar que el entonces secretario general de la fundación se ocupaba de la actividad cultural y política de la fundación, si bien apuntaron al contable, Juan Cigales, como responsable de las cuestiones económicas. Ninguno de los patronos recordaba que ni Cigales ni Castillejo hubieran planteado en ninguna de las reuniones del patronato desajustes o irregularidades en las cuentas del Infide.
Más ilustrativo resultó el testimonio del autor del informe económico encargado por el SOMA y que sustenta la querella contra los dos imputados. Mariano Bel, tal y como recoge la auditoría, incidió en que la contabilidad del Infide está repleta de errores contables, pero excusó al contable al entender que no disponía de medios. «La impericia contable está más que acreditada, pero si no tiene medios ni criterios no puede hacerlo bien», planteó.
No obstante, también entiende que el grueso de los gastos realizados no estaban debidamente justificados porque «no sirve con que se presente una factura, ésta debe estar relacionada directamente con una actividad». Del mismo modo, sobre las salidas de dinero de caja o mediante tarjeta de crédito como anticipo que realizó Pedro Castillejo, se mostró extrañado porque «se sacaban cantidades redondas y luego nunca había una liquidación de ese anticipo. Se gastaban los cuatrocientos euros redondos y lirondos, nunca sobraban unos céntimos», apostilló.
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