El juez del Supremo desacredita las acusaciones de Aldama sobre una de las presuntas mordidas de Transportes

En concreto, la resolución del juez se refiere al cobro de 18.000 euros en 2019 que De Aldama dice que recibió de Azvi. Una partida que, de acuerdo a lo que el imputado sostuvo en sede judicial, se repartieron el propio comisionista con los otros dos acusados en el alto tribunal: el exministro socialista y actual diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos y su entonces asesor en Transportes, Koldo García.

El magistrado asegura que esas acusaciones contra la constructora se basan «únicamente en afirmaciones, no mínimamente contrastadas, inhábiles para reputarse indicios sólidos». «Dicho de otra manera: tales hechos carecen en este momento de cualquier clase de elementos, ajenos a las simples manifestaciones del señor Aldama, que corroboren la posible realidad de las imputaciones«, añade Puente, quien, no obstante, explica que la investigación sobre este asunto continúa. Una referencia a que hay pendiente un informe de los investigadores de la Guardia Civil para examinar las incriminaciones realizadas por el empresario comisionista.

A pesar de que no existen indicios sobre esas mordidas, el magistrado rechaza dar permiso a la constructora Azvi para querellarse contra el supuesto cabecilla de la trama corrupta por sus manifestaciones que implican a esa compañía en delitos de tráfico de influencias y cohecho. Explica para ello el instructor que De Aldama hizo esas imputaciones intentado «obtener alguna clase de beneficio penológico vinculado a la eventual aplicación de la circunstancia atenuante analógica de confesión».

Pero esta circunstancia, añade la resolución, no significa que esas acusaciones sean ciertas, pero «tampoco que, en este momento, marcadamente embrionario de la investigación, pueda aseverarse la mendacidad de las referidas declaraciones, ni tampoco que resulten ajenas al objeto de la investigación», zanja el instructor Puente.

Por otro lado, Víctor de Aldama ha pedido a Santiago Pedraz, el juez de la trama de los hidrocarburos que defraudó 182 millones de euros a Hacienda, que ordene expurgar los móviles que le incautaron al cabecilla de la 'trama Koldo', entre ellos el iphone con un terabyte de memoria, para sacar de la causa de la Audiencia Nacional sobre el fraude de la gasolineras las «conversaciones que no guardan relación con el objeto del proceso».