El Supremo avala el nombramiento de García Ortiz como fiscal general un día antes de declarar como investigado

Este colectivo, minoritario en la carrera fiscal, sostenía que García Ortiz «no es idóneo» para desempeñar «la jefatura de todos los fiscales de España» por sus actuaciones, en referencia -entre otras cuestiones- a una sentencia del mismo tribunal que ahora ha visto el recurso. La Sala apreció por mayoría que hubo «desviación de poder» en su decisión de nombrar fiscal de Sala a Dolores Delgado, su antecesora en el cargo.

La APIF, además, invocaba el informe aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 30 de noviembre de 2023, que por mayoría simple le consideró «inidóneo» para el cargo y subrayó su «proximidad» al Gobierno. La decisión fue tomada por el Pleno del CGPJ por ocho votos contra siete.

Sin embargo, los cinco magistrados de la sala presidida en funciones por Pablo Lucas han rechazado ahora de plano esta argumentación. El debate apenas ha durado más de una hora y la sentencia del magistrado conservador José Luis Requero resuelve que no se da, "ni aisladamente, ni en su conjunto, muestras de incumplimiento grave y reiterado de sus funciones" por parte del fiscal general para considerarle "no idóneo".

La decisión del Supremo de negarse a anular el nombramiento de García Ortiz en realidad no ha sido ninguna sorpresa, ya que la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene una muy consolidada doctrina que fija que los magistrados solo puede entrar a valorar los aspectos que están tasados o reglados de los nombramientos discrecionales del Gobierno, como es el caso de la propuesta del fiscal general, pero que no tiene jurisdicción para cuestionar valoraciones subjetivas o entrar en el fondo de la cuestión sobre su actuación en el ejercicio de su cargo.

En este caso, los requisitos legales eran exclusivamente que el fiscal general fuera un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Y el tema de «reconocido prestigio» es un aspecto subjetivo que la doctrina no permite valorar, según la abundante jurisprudencia del alto tribunal.

Además, esa misma doctrina ha venido subrayando a lo largo de los años y de diferentes fallos que la «idoneidad» es, en realidad, una valoración de naturaleza política, que escapa al control de los magistrados.

En el debate de este martes también se recordó que la sentencia esgrimida por la asociación recurrente sobre el nombramiento como fiscal de Sala de su predecesora Dolores Delgado fue dictada en noviembre de 2023, un mes antes de la renovación del fiscal general por parte del Gobierno, por lo que no cabe corregir una decisión política que se tomó a sabiendas de que existía esa sentencia.

García Ortiz había pedido al tribunal, como así ha hecho, que desestimara el recurso al considerar que la asociación solo intentaba «socavar» al Gobierno y conseguir «publicidad». En su escrito de conclusiones, presentado el pasado noviembre, la defensa del fiscal general acusa a la APIF de basar su impugnación «única y exclusivamente en consideraciones de índole estrictamente subjetiva».

Su abogado sostenía que «lo que se pretende al interponer el recurso» es «que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión y que la asociación demandante obtenga 'publicidad' por medio de este procedimiento, que, según parece, no tiene por otros cauces, y 'socavar' al Gobierno (de turno) que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo 'indirecto».

Asimismo, el Partido Popular también trató de llevar a la vía penal la consideración de García Ortiz sobre el nombramiento irregular de Delgado como fiscal de Sala en la jurisdicción militar, pero la Sala Segunda rechazó la querella. La sentencia del magistrado Manuel Marchena explicó en abril de 2024 que la anulación de la designación no implicaba que el fiscal general cometiera un delito de prevaricación, destacando que ni siquiera tomó decisiones a lo largo de ese proceso más allá de proponer el nombramiento.