Sumar desata el primer disenso en el Gobierno al querellarse contra el CGPJ

Los de Díaz creen que estos diez miembros del CGPJ incurrieron un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación para ejercer cargo público, por promover una resolución «ilegal», «arbitraria» y que «excede las competencias del órgano». En concreto, lamentan que la declaración viera la luz incluso antes de que el PSOEpactara el texto de la medida de gracia con Junts.

La querella se dirige contra sus ocho promotores, los vocales conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. También contra Wenceslao Olea –que votó a favor– y apunta a Guilarte, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno.

La querella excluye la posibilidad de que se trate de un acto protegido por la libertad de expresión porque el acuerdo sobre la ley de amnistía, como recoge el texto de la misma, no expresa la opinión personal de los vocales que lo suscriben, sino que adopta la forma de un acto o declaración institucional.

Tras presentar la querella, Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU en el Grupo de Sumar, calificó el acuerdo del CGPJ de «grave injerencia política» y lo enmarcó dentro de «una estrategia diseñada previamente por fuerzas políticas de este país», en referencia a PP y Vox. «Nosotros creemos que nadie está por encima de la ley, tampoco están por encima de la ley los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Creemos que no se puede permitir esta politización de la Justicia», zanjó.

Guilarte, en cambio, calificó tanto la demanda de Sumar y las palabras de Santiago de «maniobra política» que «solo contribuye a seguir generando tensión en un momento en el que se busca la «pacificación» para renovar el órgano de gobierno de los jueces. El presidente interino del CGPJ recibió la noticia cuando se encaminaba a su encuentro con Bolaños, que había definido como «una primera toma de contacto con un ánimo insuperable». Expectativa que se ensombreció tras la querella. «No me gusta, estas actitudes, creo que no van a ningún sitio», apostilló.

Uno de sus compañeros en el CGPJ, el vocal José María Macias, fue este viernes más lejos incluso y remitió un escrito a la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos donde denuncia un «linchamiento personal» por parte de Sumar. El texto cuenta con el apoyo de varios vocales, pero no constituye una comunicación oficial del órgano. «Más allá de este intento de aniquilación personal y moral de los vocales afectados, nos preocupa el extraordinario desprestigio para el Estado de Derecho en España», señala el texto.

Precisamente, el primer miembro del Gobierno en desmarcarse de la querella contra el CGPJfue el ministro de Justicia. Bolaños evitó referirse a si su socio de coalición les había avisado de esta iniciativa y prefirió centrarse en lanzar un mensaje de concordia hacia el poder judicial. «Desde mi departamento vamos a hacer el mayor esfuerzo posible por tender puentes y llegar a acuerdos con el máximo diálogo posible», dijo el también titular de Presidencia.

Pero el guante ya estaba lanzado y el PPlo recogió. Su secretaria general, Cuca Gamarra, respondió a Bolaños invitándole a que «si quiere tender puentes lo que tiene que hacer es respetar la separación de poderes». Los populares interpretan la querella como un ejemplo del «desgobierno» que espera a la nueva coalición esta legislatura, además entienden que «no tiene ningún sentido» que Sumar, que forma parte del Ejecutivo, «se querelle contra el máximo órgano de los jueces». A su entender, forma parte de los acuerdos a través de los cuales Pedro Sánchez llegó a la presidencia y «estas son las consecuencias de esos pactos».