La sentencia del 'caso Villa' se conocerá en otoño, pero el proceso podría durar otro año

La Fiscalía del Principado pide para Villa cinco años de cárcel y una multa de diez meses a razón de 150 euros al día, además del reintegro al SOMA de los 434.158 euros que, según sus conclusiones, el exdirigente sindical se habría apropiado de forma indebida entre 1989 y 2012. La acusación, que ejerce el sindicato minero a través del bufete Ontier, eleva su petición de cárcel para el ex secretario general de la organización a 6 años, con multa de doce meses y 180 euros diarios, además de la devolución a la central de la cuantía apropiada.

La abogada de Villa, Ana García Boto, pide la libre absolución de su cliente y expone como principales líneas de defensa irregularidades en el proceso judicial e, incluso, la falta de un juicio justo. Considera que tanto la instrucción como la vista oral han sido un «encarnizamiento» contra el acusado, que sufre un deterioro cognitivo, y que llegó a ingresar en dos ocasiones en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) durante el juicio.

La estrategia de la letrada, dejando constancia de forma reiterada de sus protestas por cada una de las decisiones de la sala, hace evidente que, si el fallo es contrario a los intereses de su cliente, elevará la causa a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, con lo que ello supone. Esta sala está resolviendo en la actualidad los diferentes procesos en una media de un año.

Retrasar al máximo la sentencia firme ha sido, sin duda, el objetivo de la defensa de Villa. De hecho, la instrucción se prolongó dos años por los continuos recursos presentados por la abogada y el juicio se suspendió en dos ocasiones. El primero, antes de que comenzara la vista oral, inicialmente prevista para el pasado mes de marzo, porque la Audiencia Provincial aceptó aplazarlo a propuesta de las defensas para darles más margen para estudiar la documentación económica aportada por el SOMA. Luego, el juicio comenzaría el 27 de junio, pero el 2 de julio, cuando solo se habían celebrado tres de las seis sesiones señaladas, tuvo que suspenderse temporalmente como consecuencia de un ingreso hospitalario de Villa.

El procedimiento contra el segundo acusado, Pedro Castillejo, también por un delito de apropiación indebida, continuó según lo previsto y quedó visto para sentencia el 3 de julio. En su caso, la Fiscalía pide para él una pena de cárcel de tres años y seis meses, una multa de 30 euros diarios durante nueve meses y la devolución al Infide de 119.434 euros. El abogado de la acusación, Miguel García Vigil, solicita para Castillejo el reintegro de una cuantía similar, además de cinco años de prisión y una multa diaria de 140 euros durante diez meses. El letrado que defiende sus intereses, Alfredo García López, confía en que la sala resuelva a su favor y no piensa por ahora en acudir al Supremo.