Sánchez y Casado constatan su distancia y dejan en el aire la renovación de los órganos constitucionales

El desencuentro, tras hora y media de reunión, la primera desde la investidura, derivó en dos perspectivas difícilmente conciliables. Lo que el presidente del PP planteó, de partida, al Gobierno fue una enmienda prácticamente a la totalidad del proyecto de Pedro Sánchez en política institucional, exterior y económica. Y el Ejecutivo replicó con un reproche por la actitud «obstruccionista», «negacionista» y «decepcionante» con la que, a su juicio, acudió Casado a la cita. Así justificaron en la Moncloa el no haber llegado a proponer nombres o posibles fórmulas para todos esos organismos pendientes de actualización, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. A partir de ahí, cada cual intentó fijar su relato.

El de Casado buscaba sacudirse la imagen de bloqueo y de cercanía a Vox que le atribuye el PSOE. En la rueda de prensa, reivindicó al PP como «el partido de los moderados» y tendió una oferta al Gobierno, bautizada «compromiso con España», que incluye la posibilidad de hablar de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el ofrecimiento quedó condicionado a que Sánchez rectifique la mayor parte de las decisiones adoptadas en este primer mes.

El líder de los populares reclamó a su interlocutor romper con los independentistas, dejar sin efecto la mesa de negociación con la Generalitat, modificar su política fiscal y mantener la reforma laboral de Mariano Rajoy. Sólo así accederá, dijo, a «sentarse a hablar» de las cuentas públicas. Lo que en la práctica hace inviable este escenario.

Tampoco quedó exenta de requisitos previos la posible renovación de los miembros del CGPJ. El presidente del PP considera que la revisión del órgano de gobierno de los jueces no puede desligarse de un plan por «despolitizar la Justicia», y, por extensión, reclamó que Dolores Delgado no sea designada fiscal general. Este nombramiento, apuntó, «dificulta mucho» la negociación.

Precisamente, este jueves la exministra tiene que someterse al examen del Congreso que certificará si reúne las cualidades para tomar las riendas del Ministerio Público. Es el último trámite legal. Esto significa que el enfrentamiento político se va a desplazar a la Cámara baja. Los populares censuran que Delgado haya sido la elección de Sánchez para la Fiscalía cuando hasta enero ejercía de titular de Justicia. Y con este argumento, compartido en las organizaciones territoriales de la formación conservadora, ya enfriaron el mes pasado la posibilidad de hablar sobre el CGPJ con un Ejecutivo en el que aseguran no confiar.

En todo caso, dado que el mandato expiró en diciembre de 2018, el PP sabe que es un asunto que está en agenda, aunque Casado insistiera este lunes en que el problema no es el consejo. «Si salimos a la calle, la noticia no es si un partido bloquea el CGPJ -despejó-, la noticia es que hay un Gobierno sentado en la mesa negociando la autodeterminación».

La réplica del Ejecutivo llegó incluso antes de que Casado compareciera ante la prensa. En un comunicado, el Gobierno reprochó al líder del PP haberse instalado en una «estrategia de bloqueo» y no variar sus posiciones, pese a su responsabilidad al frente del principal partido de la oposición.

Poco después, fue la ministra Portavoz, María Jesús Montero, quien criticó que detrás de las renuncias que exigen los populares para dotar de estabilidad al Gobierno haya un intento «de imponer la política del PP utilizando como rehenes» a los organismos que están pendientes de renovación. También reiteró que el viraje hacia el diálogo con la Generalitat no es revisable.

No hubo posibilidad de puntos en común. Aunque la reunión duró más que aquella de 40 minutos en diciembre en la que Casado confirmó a Sánchez su no a facilitar la investidura, el resultado fue el mismo. La imposibilidad, a día de hoy al menos, de superar la confrontación.