Sánchez seguirá adelante con su reforma haga lo que haga el Consejo

Si los vocales conservadores del Consejo consiguieran que uno de los progresistas (apuntan singularmente a Enrique Lucas ) respalde sus dos propuestas, los cambios que pretende introducir el jefe del Ejecutivo en las leyes del CGPJ y el TC dejarían de tener sentido. Al menos, en este momento.

Lo que llevó a Sánchez a intentar cambiar ambas normas mediante el procedimiento exprés suspendido la semana pasada por el Constitucional fue, precisamente, la actitud obstruccionista en la que llevaban meses embarcados los consejeros conservadores del órgano de gobierno de los jueces, que hasta que no supieron de las intenciones del Ejecutivo ni siquiera habían puesto nombres sobre la mesa.

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Lourdes Pérez

La Constitución es clara al señalar que los doce miembros del TC, con mandatos de nueve años, deben ser sustituidos de cuatro en cuatro cada tres años. Cuatro son designados por una mayoría de tres quintos del Congreso, otros cuatro por idéntica mayoría del Senado y los restantes, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ. Pero Sánchez se encontró el pasado junio, cuando llegó su turno de nombrar, con que el Constitucional el advirtió de que no validaría sus nombramientos si no llegaban junto a los del Consejo.

La reforma, que después del revés del TC, volverá a plantear en los próximos días como proposición de ley de todo el bloque de investidura, rebaja, por un lado, de tres quintos a simple la mayoría necesaria para que el CGPJ haga sus designaciones, lo que neutraliza a los vocales conservadores. Y, por otro, retira al tribunal la potestad de validar los nombramientos. Así, se garantiza que habrá relevo.