Sánchez, ante una agenda territorial más allá de Cataluña

La semana pasada el Gobierno ya descubrió la necesidad de hacer frente a un problema inesperado. La gravedad de las protestas protagonizadas por los agricultores en la localidad extremeña de Don Benito, que el pasado día 29 se saldaron con 19 heridos, hicieron saltar las voces de alarma en la Moncloa ante la posibilidad de que en los campos españoles esté germinando un movimiento similar al de los 'chalecos amarillos', que durante varios meses de 2018 e inicios de 2019 mantuvo en jaque al presidente Emmanuel Macron en Francia.

El mero hecho de que el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández-Vara, se atreviera a señalar al aumento del Salario Mínimo Interprofesional, medida estrella del gabinete formado por el PSOE y Unidas Podemos, como factor determinante para el fuerte incremento del desempleo en el sector -un 6,45% en un año- resulta significativo.

El titular de Agricultura, Luis Planas, defendió este martes que como máximo sería un elemento más de una larga lista de cuestiones que hacen que, en muchos casos, los agricultores no obtengan la más mínima rentabilidad por su trabajo, pero aunque puso sobre la mesa una batería de propuestas para intentar atajar el problema a medio y largo plazo, renunció a reclamar la suspensión de las manifestaciones que estos días han tenido lugar en distintos puntos de España, incluso frente a su departamento.

Sánchez es, a decir de sus interlocutores, consciente de que no puede pasar este tema por alto y ha encargado a sus ministros -a los que este sábado reunió en la finca estatal de Quintos de Mora, en Toledo- una agenda rural. La vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, ya apuntó este sábado en esa dirección durante la inauguración del Congreso del PSC de las Comarcas de Girona. «Hay que terminar con un conflicto territorial que va más allá de la situación catalana -admitió-; hay que terminar con las dos Españas y sus dos velocidades».

La cuestión formó parte sin duda de la particular jornada de trabajo y convivencia organizada por el presidente del Gobierno para «engrasar», según fuentes oficiales, la maquinaria del Ejecutivo de coalición tras un primer mes de rodaje. Un mes en el que, curiosamente, ha habido más sobresaltos protagonizados por los experimentados socialistas -el episodio de José Luis Ábalos con la número dos del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sería el epítome de todos ellos- que por los ministros novatos de la formación liderada por Pablo Iglesias.

En el orden del día estuvieron, de hecho, «la planificación de la agenda legislativa del primer trimestre del año, el contexto económico y la estabilidad presupuestaria». Sobre esta última cuestión ya trató el viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con las comunidades autonómas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La cita también sirvió para poner de manifiesto lo complicado que será para el Gobierno contentar, no ya a los territorios gobernados por el PP (y por lo tanto involucrados en la estrategia partidista de su formación), sino también a los socialistas.

La ministra acudió a la reunión con una propuesta que permitiría a las autonomías retrasar hasta 2022 la obligación de alcanzar el déficit cero y acabar este año en un 0,2%. De ese modo, trató de amortiguar el monumental enfado de la mayoría de ellas por la noticia de que no se les pagarán ya los 2.500 millones de euros que se quedaron sin cobrar de la liquidación de 2017 como consencuencia de un cambio en el sistema de contabilidad llevado a cabo en época del ministro popular Cristóbal Montoro. Pero no lo logró.

Esta será una exigencia a la que tendrá que hacer frente Sánchez en su ronda de contactos con los presidentes, pero más allá de la trifulca concreta, que algunos como Madrid han llevado ya a los tribunales, los gobernantes del propio PSOE advierten de que hay que elevar el tiro y hay que poner solución de una vez por todas al problema de la financiación, cuya reforma está pendiente desde 2014.

Fernández Vara advirtió este sábado de que el gran debate, el «esencial», es en realidad el que afecta a la sanidad pública, un servicio que prestan, precisamente, las comunidades. «En estos momentos o se arriman perras -dijo en un lenguaje muy gráfico- o no es sostenible». Y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, remarcó que, hasta que no haya un nuevo modelo, la Comunitad Valenciana estará «en una situación de enorme dificultad y absolutamente discriminada». Son los dilemas no identitarios.