Sánchez renuncia a incorporar al programa del PSOE sus medidas contra el desafío secesionista

La decisión, confirmada por fuentes del partido, da una pista de cuál es la estrategia de campaña de los socialistas pero también es indicativa del escenario postelectoral que manejan. En Ferraz creen que, como en su día ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero, tras la aprobación del 'Estatut', la apuesta de Sánchez por el diálogo puede volver a convertir al PSC en primera fuerza política de Cataluña en los próximos comicios a costa de En Comú Podem, que lo fue en 2016. Y no quieren echar por tierra esa posibilidad agitando un debate que no es el suyo ahora que han conseguido poner el foco en el eje ideológico izquierda-derecha.

A ese inconveniente se une el de que aún no sabe -en caso de que se cumplan los pronósticos que alientan las encuestas y el PSOE supere el 30% del voto, a mucha distancia del PP- a quién necesitará para la investidura. El secretario de Organización del partido y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dejó caer en 'El Español' el domingo que preferíría el apoyo de Ciudadanos al de los secesionistas. Pero está por ver que Albert Rivera esté dispuesto a levantar su veto y, sobre todo, que su respaldo pueda ser suficiente.

La coyuntura hace pues inconveniente para Sánchez aferrarse a un discurso que, pese a todo, sería compatible con el lema de «ley y diálogo» que no ha parado de esgrimir desde que llegó al Ejecutivo. No en vano, también en la oposición combinó los mensajes de firmeza con el de que la única solución a la crisis catalana pasa por «hacer política». Las dos iniciativas mencionadas, además, podrían encontrar respaldo suficiente en el Congreso dado que tanto el PP como Ciudadanos se manifestaron en día a favor.

El argumento que expuso Sánchez en mayo de 2018 para poner sobre la mesa una reforma del delito de rebelión -en pleno debate (aún vivo) sobre si realmente era aplicable ese tipo delictivo a los dirigentes políticos y activistas procesados por el intento de secesión de Cataluña de 2017- fue el de que era necesario adaptar el Código Penal ante hechos «tan inauditos» como el que se vivió entonces. «Tenemos que aprender de la experiencia -dijo-. La Constitución es un bien jurídico que debe ser defendido. Antes, en 1995 y en 19 73, cuando se hablaba de rebelión uno se imaginaba un golpe de Estado militar y eso era lo que planteaba el legislador; ahora estamos ante un hecho totalmente distinto y es que responsables políticos al frente de instituciones públicas se están valiendo de esa posición para subvertir el orden constitucional y creo que la labor del legislador es abrir un debate sosegado y sereno pero tambien contundente al respecto».

La idea de regular las tomas de posesión, planteada un día después de esta otra, surgió a partir de la que protagonizó Quim Torra al asumir el cargo de presidente de la Generalitat. Como Carles Puigdemont, Torra no prometió la Constitución ni manifestó su respeto al Rey y se limitó a jurar su fidelidad «a la voluntad del pueblo de Cataluña representado en el Parlament». El Gobierno de Rajoy estudió la posibilidad de recurrir aquel acto pero se tuvo que resignar ante la falta de normativa específica. Sánchez encargó a su entonces portavoz parlamentaria, Margarita Robles, consensuar una regulación sobre la materia con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Nunca más se supo.